Con o sin uniforme, el tema es que funcione bien
La idea de crear un grupo especial que no dependa ni esté controlado por uniformados sino por funcionarios judiciales pondría en jaque la sospecha de que hay narcopolicías protegidos por políticos.
La delicada situación institucional en la que se encuentra la Policía de la Provincia de Córdoba, luego del narcoescándalo y tras el autoacuartelamiento de su personal que derivó en los saqueos, constituye hoy una de las principales preocupaciones del Gobierno provincial (Analizan crear "agencia especial" bajo la órbita de Policía Judicial). A esa realidad que se hace palpable en la calle, día a día, con cuestionamientos directos de los ciudadanos para con los uniformados y también para con las autoridades políticas, se sumó, recientemente, otra pálida policial: el desmembramiento de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico (su exjefe, el comisario mayor Rafael Sosa, fue detenido junto con otros cinco policías por el narcoescándalo) no mejoró la efectividad operativa de la Policía en la persecución de los vendedores de droga. Al contrario, la empeoró.Desde septiembre, cuando estalló el caso que investiga el fiscal federal Enrique Senestrari, los operativos contra la venta al menudeo se redujeron notablemente. Lo reveló, la semana pasada, un informe oficial del Ministerio Público Fiscal.En el Gobierno provincial tomaron nota de la situación: lo que José Manuel de la Sota pensaba mostrar al país como otra decisión política "de vanguardia" (crear un fuero especializado en la persecución del narcomenudeo) se ha convertido en uno de los principales problemas de su gestión. No sólo por la sospecha de corrupción policial sino, también, porque la reacción oficial a las supuestas irregularidades había provocado una disminución de los operativos. La conclusión política es que hoy el gobernador no tiene nada para mostrar en este ámbito.La idea de crear una "agencia" o un "grupo especial" que no dependa ni esté controlado por uniformados sino por funcionarios judiciales le ofrece a De la Sota una salida para aquel problema. Si la lleva adelante, podrá mostrar nuevamente una medida "de vanguardia", que en principio pondría en jaque a la sospecha –hoy generalizada en Córdoba– de que hay policías fuertemente vinculados con narcotraficantes que, a su vez, gozan de protección política.Pero los problemas reales de los cordobeses, saqueados y preocupados por el flagelo de la droga y de la delincuencia, están hoy mucho más acá de las vanguardias. Y reclaman soluciones, vengan con o sin uniforme.

