Complicada encerrona en el conflicto judicial
Más allá de los reclamos, se advierte que lo que no puede hacer la Policía Judicial es tomar como rehén la dignidad humana y dejar cadáveres tirados por horas en las calles. Luis Kempa.
El conflicto en la Policía Judicial cumplió ayer dos meses y los próximos días serán decisivos para salir de una encerrona por la que transitan por estas horas autoridades judiciales y el gremio.
Hoy será un día clave. La asamblea general convocada por el sindicato que conduce Irina Santesteban someterá a votación de los delegados de Capital e interior un paro de 96 horas en la Policía Judicial, sin ponerle fecha.
También se lanzará otro paro de 24 horas en toda la Justicia provincial.
La situación quedó atrapada en un camino al que, por el momento, no se le ve salida tras la reunión que mantuvieron ayer la vocal del Tribunal Superior Mercedes Blanc de Arabel, junto al fiscal general, Darío Vezzaro, con la conducción gremial que encabeza Santesteban. "Levanten todas las medidas y nos sentamos a negociar", le pidieron las máximas autoridades al gremio, que rechazó esa exigencia.
Del lado sindical, le reclamaron al alto tribunal que anule la acordada que emitió la semana pasada por la que se obliga a la Policía Judicial a mantener guardias mínimas, bajo apercibimiento de considerar falta grave ese incumplimiento.
Además, Santesteban planteó una reestructuración que contemple ascensos para el 80 por ciento de los agentes que integran esa dirección.
Como si fuera poco, pidieron también la apertura de una paritaria para el Poder Judicial y una mejora salarial que se enmarque dentro del sistema de porcentualidad. Autoridades y gremialistas se fueron sin una salida a la vista.
La Policía Judicial decidió reducir de cuatro a dos horas las asambleas informativas hasta el viernes, a la espera de alguna señal del Tribunal Superior.
Si no hay respuestas, a partir del viernes la Policía Judicial le pondrá fecha al paro total por 96 horas, que dejará a la población sin un servicio esencial que realiza en particular la policía científica, encargada de los peritajes y de levantar los cadáveres en casos de accidentes y hechos criminales.
Desde el Gobierno, se advierte que más allá de la legitimidad de los reclamos, lo que no puede hacer la Policía Judicial es tomar como rehén la dignidad humana y dejar cadáveres tirados por horas antes de levantarlos.
Seguramente, si algún integrante de esa repartición tuviera la desgracia de que un familiar muriera por un accidente o un crimen, estaría dispuesto a llevar su queja, con razón, ante una corte internacional de derechos humanos por una situación de indignidad.
