Cómo ser Prometeo con $550 por familia

Pese a las noticias colonizadas por los nuevos gabinetes y las asunciones de legisladores, tanto en la Nación como en provincias y municipios, lo que todo el mundo trata de adivinar debajo de la hojarasca es si, en su segunda presidencia, Cristina Fernández podrá continuar o no el modo de construcción de poder del kirchnerismo, pese a un escenario de mayor estrechez fiscal como el que preanuncia el creciente déficit financiero de la Nación. La fortaleza política construida por el kirchnerismo en estos años se basó –además de en otros motivos– en la apertura constante de ventanillas desde las cuales se reparten recursos, ventajas y castigos. Gobernadores e intendentes, empresas y sindicatos de todo tipo, regiones geográficas y distritos políticos, todos tuvieron que ir, al final, a ponerse en alguna de esas colas. Variantes del fuego. Hoy, el más delicado banco de pruebas para saber si ese esquema podrá continuar es el de los subsidios a los servicios públicos. Néstor Kirchner y Cristina Fernández jugaron en estos años a ser Prometeo, el titán que robó el fuego a Zeus para dárselo a los mortales, ganándose el título de protector de los hombres, algo que no sabemos si habrá influido en la democracia ateniense. Lo que sí sabemos es que, en la Argentina, la distribución de esas variantes del fuego que son el gas y la electricidad a precios por debajo del costo contribuyó a gestar un clima de bienestar que se hizo valer en las urnas. Pero resulta que ahora ya no se puede financiar esa fiesta por la que, durante la década en que más se encareció la energía en el mundo, los argentinos dimos por hecho que el gas, la electricidad y el transporte público (además del agua, si se tiene la suerte de vivir en el Gran Buenos Aires) son regalos del Olimpo. Prolongar la inocencia costaría 70 mil millones de pesos en 2012.¿Cómo seguir siendo Prometeo sin entrar en bancarrota? Cambiando la táctica. Si antes el dinero del fisco alcanzaba para lisonjear a todos los votantes, ahora debe alcanzar para quienes conforman el núcleo duro y ser suficiente en los sectores sociales donde un malestar puede derivar en protestas. Al revés de la AUH. Para eso, el Ejecutivo se apresta a construir un gigantesco ariete clientelar. Sólo eso explica la falta total de reglas generales. Todo lo contrario a la asignación universal por hijo (AUH). En lugar de detectar a los hogares necesitados y depositarles una suma para que con ella paguen lo que consideren necesario (incluyendo la luz al precio que tenga que tener, para que de paso todos ahorremos electricidad), se prepara una maraña burocrática en la que se decidirá con el dedo. Primero, hay 12 razones que los usuarios podrán esgrimir para pedir que se les mantengan los beneficios. Pero el Estado tendrá auto­ridad absoluta para subir o bajar el pulgar al pedido. Un ejemplo: sólo el Gobierno conoce el parámetro con que definirá a quién considera pobre o no. Otro ejemplo: no han dicho qué decidirán cuando un usuario cumpla una condición pero tenga otros atributos que pueden sacarlo de la lista de beneficiarios (un jubilado que cobra la mínima pero tiene otros ingresos). Segundo, no hay un único criterio sobre quiénes decidirán a quién se le extiende o no el beneficio. En la Capital Federal, la determinación de las zonas que perderán los subsidios está a cargo del Gobierno junto a las distribuidoras Edenor y Edesur (electricidad), AySA (agua y cloacas) y Metrogas y Gas Natural Ban (gas). Pero en el conurbano, los intendentes dirán "esta cuadra sí, esta cuadra, no", aunque las empresas son las mismas. En las provincias y en el interior del interior, donde tallan las cooperativas, no se sabe cómo funcionará. Mañas del Olimpo. Se estima que en Capital Federal y Gran Buenos Aires (donde mayores beneficios concentró el Gobierno) el monto del subsidio por la luz y el gas promedia los 300 pesos. Hay que agregarle el de la boleta del agua (que es de unos 50 pesos al mes por hogar sólo por la plata que recibe AySA del fisco para cubrir sus costos operativos, no sus inversiones), más una cantidad muy variable de dinero por cada viaje en subte, trenes o colectivos (que rondaría un piso promedio de 100 pesos al mes por pasajero sólo para ir y volver del trabajo o la escuela en los días hábiles; para un hogar con dos personas que se movilicen, son 200 pesos). Es decir que, pesos más, pesos menos, el Gobierno podrá asignar con su dedo una suma no inferior a 550 pesos al mes a cada hogar elegido. Más o menos dos asignaciones universales por hijo.Si los incautos opositores confían en que podrán sentarse a ver cómo se desgasta la imagen de una Cristina Fernández forzada a andar a los tijeretazos, les tenemos una mala noticia: Prometeo puede haber perdido el superávit fiscal, pero no las mañas. Aún tendrá margen para llevarles fuego, si no a todos los mortales, por lo menos a una porción tal que le permita seguir siendo un titán en las urnas.