Clarín precisó su denuncia por instigación a la violencia

Buenos Aires. Los abogados del Grupo Clarín trazaron ayer los reales alcances de la denuncia hecha la pasada semana ante la Justicia "en salvaguarda de la seguridad e integridad de periodistas, directivos y familiares, tanto del Grupo como de otros medios, que resultan fustigados por la acción y las manifestaciones del Gobierno y sus funcionarios".

“En dicha denuncia –explica un comunicado de los abogados firmantes de la denuncia, José María Sáenz Valiente, Hugo Wortman Jofré y Alejandro Pérez Chada–, se solicitó a la Justicia que abra una investigación tendiente a acreditar si una serie de acciones públicas y declaraciones de funcionarios que llamaron a combatir a los medios del Grupo, sus periodistas y directivos, los acusaron de atentar contra la democracia y hasta de ser responsables de secuestros o levantamientos de fuerzas de seguridad, tenían detrás una autoría ideológica con entidad para constituir el delito de incitación a la violencia colectiva. (artículo 212 del Código Penal)”. La aclaración llegó porque el escrito fue interpretado por medios oficialistas como una denuncia contra un grupo de periodistas.

“La acción está orientada a revelar si la conducta del Estado y sus funcionarios constituyó una acción penalmente reprochable. No se busca imputar a periodista alguno, estos sólo serán testigos”.

En concreto, la denuncia afecta al ministro de Justicia, Julio Alak; al secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini; al titular de la AFSCA, Martín Sabatella; al diputado nacional por el FPV Edgardo De Petri y al legislador porteño Juan Cabandié, del FPV. La denuncia también pide que la Justicia cite a declarar a los periodistas Roberto Caballero, director del diario Tiempo Argentino , Sandra Russo, Nora Veiras y Orlando Barone, columnistas del programa televisivo 6,7,8 , y a Javier Vicente y Edgardo Mocca.

La referencia en la denuncia a los periodistas ligados al kirchnerismo provocó rechazos en diversos tonos. Los afectados dieron una conferencia de prensa ayer en el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), que se hará cargo de sus defensas.

El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) también expresó su rechazo.

“Fopea estuvo y está en contra de las acciones judiciales para limitar o penalizar la libertad de expresión, por más discutibles que puedan ser las expresiones vertidas, y así lo ha señalado en varias oportunidades”, dijo la entidad en un comunicado, en el que solicita al Grupo Clarín que retire la denuncia e insta a la Justicia a que, de no ser retirada la demanda, la rechace.