Chocar contra una pared

En sus anteriores visitas a la Rosada –la última en febrero de 2012, con la Presidenta convaleciente de su operación de tiroides–, José Manuel de la Sota estuvo siempre acompañado por algún miembro de su gabinete. Ayer, desde la galería del Patio de las Palmeras que da al Salón de los Bustos, de ingreso por la explanada de la calle Rivadavia, La Voz del Interior fue testigo de una imagen que lo dice todo: el gobernador ingresó junto a su hija-vocera Candelaria; Elsa Aramayo, titular de la Casa de Córdoba en Buenos Aires, y una funcionaria de la Secretaría Privada (ver De la Sota y Capitanich, primer encuentro).

Pese a tanta soledad política, De la Sota repartió culpas por los sucesos en Córdoba y su onda expansiva a otras provincias en estas horas. Hasta se permitió proponer la realización de una suerte de “pauta salarial nacional” entre Nación y provincias para las policías provinciales, como sucede con los docentes. Y todavía más, delineó una agenda de seis puntos sobre la que debería buscarse el mayor consenso político entre el Ejecutivo nacional y los de las provincias: 1) reglamentación del derecho de huelga en los servicios públicos esenciales; 2) seguridad pública; 3) inflación; 4) energía; 5) coparticipación, y 6) federalismo.

En todos los casos, chocó contra una pared. Jorge Capitanich es tan gobernador como él, pero hoy es el jefe de Gabinete de la Nación y, como tal, actúa por orden de la Presidenta. Las respuestas ante cada planteo fueron contundentes. “Quiero aclarar sobre los dichos del gobernador”, dijo Capitanich, ya con los periodistas en retirada de la sala de conferencias de la Rosada, respecto de la agenda de seis puntos: “Este jefe de Gabinete, por instrucción de la Presidenta y en cumplimiento de la ley, irá una vez por mes al Congreso, dispuesto a debatir profundamente estos temas, en busca de consenso”. De paso confirmó, respecto de la inflación: desde enero habrá un índice del Indec con la bendición del Fondo Monetario Internacional.

Sobre la “pauta salarial nacional” policial, Capitanich también fue contundente en su rechazo. Bastó con que le recordara que las definiciones de los gobiernos provinciales en materia salarial para sus sectores públicos (policía, educación, salud, justicia) son de su competencia exclusiva. Y, por las dudas, le aclaró que los aumentos salariales otorgados por gobernadores ante rebeldías policiales son de su pura responsabilidad: “No se hicieron con la pretensión de un auxilio por parte de la Nación”.

El corolario de este choque fue la pobre cosecha que se llevó De la Sota de la reunión: apenas una refinanciación por un trimestre de la deuda que Córdoba tiene que pagar a la Nación en 2014. Será así con todas las provincias, en una época de arcas públicas menguadas: renovaciones cada tres meses, supeditadas al cumplimiento de coordinación de políticas públicas y de metas fiscales y de crecimiento económico. Será la Presidenta la que terminará de definirlo y anunciarlo.