Che, en ese changuito se llevan al Estado

Anteanoche, los cordobeses nos quedamos casi sin Estado. Alguien empezó a saquearlo hace mucho, pero el martes a la noche se lo terminaron de llevar en uno de los tantos changuitos de supermercado.

El Estado tiene funciones básicas. A muchas ya las perdimos, como contar con una moneda que no se devalúe en forma constante. Una sola se sigue cumpliendo a rajatabla, como es el hecho de que tanto la Nación, como la Provincia o la Municipalidad nos cargan cada vez más impuestos.

Muchas funciones se cumplen a medias: nadie sabe qué efectividad tienen las burocracias estatales para ejecutar las políticas que, en el discurso, promueven el bienestar común.

Pero ayer el Estado dejó de cumplir una función elemental: monopolizar la violencia. Anteanoche, quedó de golpe desregulada. Ayer por la mañana, zonas de la ciudad como San Vicente parecían postales del Beirut de la década de 1980, con gente armada en calles y azoteas. Durante 16 horas, bandas de delincuentes, profesionales o espontáneos, decidieron que podían apropiarse de lo ajeno.

En Córdoba, el Estado nacional está desaparecido hace rato. La provincia que tal vez más contribuye a la recaudación nacional viene olvidada desde décadas: sus rutas de jurisdicción nacional están destruidas; los subsidios que recibe son raquíticos (energía, transporte público) o inexistentes (agua, cloacas) en comparación con los que los presidentes vuelcan en el Gran Buenos Aires.

Pero esta vez Córdoba se cayó del mapa. La Gendarmería nunca llegó. Algún día sabremos si en verdad Córdoba hizo el pedido según los términos de la ley. Estas cosas no se hacen por un mensaje en Twitter a las 4.01 de la madrugada, como hizo José Manuel de la Sota. Hay que ponerle más ganas. O no especular con réditos y orgullos políticos. O ser capaz de designar funcionarios con algún tipo de habilidad para los mandados. Sobre todo si no se está en Córdoba.

Tampoco sabremos si los funcionarios nacionales tuvieron la menor intención de colaborar. Con cinismo, el “jefe de Gabinete de la República Argentina Menos Córdoba”, Jorge Capitanich, se limitó a decir que la seguridad es una competencia de las provincias.

Si es así, entonces debería quitar ya del Gran Buenos Aires a los entre 12 mil y 19 mil gendarmes y prefectos que desde hace dos años se dedican a hacer lo que el gobernador Daniel Scioli es incapaz de hacer y a brindar una imagen de saturación de seguridad más conveniente a los intereses electorales de Cristina Fernández que a cualquier otra cosa.

¿O acaso todos los días a las 8 Scioli le pide gendarmes en los términos de la ley 24.059, de Seguridad Interior? Hace más de un año que los gendarmes de Jesús María, a 50 kilómetros de Córdoba, están en el conurbano bonaerense.

La muestra de la glacial indiferencia la dio la “presidenta del Área Metropolitana de Buenos Aires”, Cristina Fernández. Ayer, ni siquiera en la asunción de nada menos que la nueva “ministra de Seguridad de la Nación Excepto Córdoba”, fue capaz de mencionar los mayores disturbios de nuestra historia (el Cordobazo tuvo un componente político y no incluyó saqueos masivos).

Y en Córdoba, el Estado es de otros

Nuestro Estado provincial –y sus concesiones– también ha sido saqueado. Las corporaciones lo han privatizado para sí mismas. Sin licitación. Algo parecido pasa en la Municipalidad de Córdoba. El desgastado gobierno de De la Sota no ha sido capaz de poner al Estado al servicio de sus dueños: nosotros. Por eso fueron tan chocantes los vítores que ayer le proporcionaron sus propios aplaudidores. Festejaban un fracaso.

Los gremios estatales han abusado de su privilegiada protección legal y de la obvia tendencia de los funcionarios a hacer la vista gorda bajo el lema “total, la plata no es mía”.

Choferes de la UTA nos dejan a pie sin aviso porque sospechan que les van a liquidar mal el sueldo. Empleados de la salud suelen descubrir que les falta gasa justo cuando piden aumentos. Municipales secuestran a los intendentes de una ciudad cara pero sumida en una decadencia sin remisión. Judiciales están por entrar en su sexto mes de limitación de servicios porque no consiguen un privilegio que, a su vez, ya les habían sacado los jueces a los legisladores. Anteanoche, a esa lógica perversa se subieron los policías.

Esa crecida de las presiones amenaza con dejarnos al borde de la crisis fiscal; que es lo que producen las provincias cuando no pueden producir inflación. Y con efectos parecidos. Y es muy injusto: los empleados públicos cordobeses ganan mucho más que los que no viven en esa isla complaciente de baja intensidad productiva.

El último dato oficial de la Caja de Jubilaciones dice que el salario bruto promedio de los estatales cordobeses fue de 8.022 pesos en diciembre de 2012, 31 por ciento más que el salario bruto promedio de los empleados privados en blanco de Córdoba en la misma fecha: 6.127 pesos.

Así que los empleados públicos deberían dejar de pedir y empezar a pensar qué nos pueden dar. Primero deberían buscar herramientas eficaces y mostrarnos resultados palpables en educación, seguridad, promoción social, salud. Si lo que cobran les parece poco, nadie les impide buscarse otro trabajo. Y nosotros deberíamos hacer algo para recuperar el changuito en el que anteanoche se llevaron al Estado. Lo necesitamos.