Chapa de pariente, de militante o de inversor

De las 3.818 chapas de taxis que hay en la ciudad de Córdoba, sólo 700 se asignaron por vías distintas al acomodo político o familiar. La tercera vía es la venta entre particulares, que además debe estar acompañada de una mano oficial que “facilite” la transferencia.

Durante la gestión de Daniel Giacomino, se denunció un cuarto mecanismo: la venta desde el cuarto piso del Palacio 6 de Julio, que es donde funciona la Secretaría de Transporte. La Justicia todavía no llegó a comprobarlo.

En décadas, hubo sólo dos excepciones a estos esquemas de acomodo o venta: las 450 chapas que sorteó Rubén Martí y las 250 que, a su turno, también sorteó Luis Juez entre choferes de taxis.

El intendente Ramón Mestre acaba de anunciar una tercera experiencia en este sentido: entregará 280 nuevas chapas de taxis –el máximo que permite la legislación vigente– y las repartirá entre choferes de taxis (60 por ciento), discapacitados (20 por ciento) y vecinos (20 por ciento).

Mestre llegó a esa decisión en medio de una polémica: el juecismo denunció que el presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, Alejandro Tejerina, era titular de dos chapas de taxis, pese a que su pareja fue designada secretaria de un Juzgado de Faltas durante la actual gestión. La denuncia apuntaba que la ordenanza prohíbe que los cónyuges de funcionarios municipales sean permisionarios.

Tejerina primero dijo que él no era cónyuge sino concubino de una funcionaria y finalmente terminó devolviendo al municipio las dos chapas que había adquirido en el mercado.

En vistas del caso Tejerina –que sumó objeciones éticas antes que legales–, hay centenares de permisionarios preguntándose qué pasaría si se revisaran los grados de parentesco existentes entre funcionarios o exfuncionarios y titulares de licencias.

¿Cuántas chapas quedarían en pie si se investigaran las propiedades reales? ¿Cuántos permisionarios deberían devolver decenas de licencias, en vistas de que no se pueden tener más de dos? ¿Cuántos funcionarios en ejercicio quedarían in fraganti? El municipio no mencionó hasta ahora ninguna de esas alternativas, porque no evalúa una revisión de las chapas ya otorgadas y el listado de titulares de las licencias no es público.

Pero Mestre, en cambio, sí anunció cambios que afectarán a todos y cada uno de los permisionarios: las licencias de taxis ya no podrán venderse y –según ejemplificó el titular de Transporte, César Ferreyra– serán como el DNI: caducarán cuando su titular muera.

Se trata de una decisión de profundas consecuencias patrimoniales para los taxistas y de una jugada política envenenada: fue Luis Juez, el rival directo de Mestre, quien permitió que las chapas se pudieran vender entre particulares, con lo que blanqueó las operaciones que antes se hacían de modo irregular y redujo al mínimo posible la regulación del municipio, para cederla al intercambio entre privados.

Desde la gestión Juez, cada chapa cuesta unos 50 mil dólares y es un capital de un particular antes que una licencia de un servicio público. Se venden, se alquilan y –según puede leerse en los clasificados o las ofertas en sitios web– es habitual que se permuten por un departamento o dos terrenos.

Todo eso se interrumpirá si el mestrismo llega a transformar en ordenanza lo anunciado la semana pasada. El proyecto aún no ingresó al Concejo Deliberante y ya hay dirigentes indignados en todos los partidos políticos.

Mientras el reparto de chapas contribuyó al sustento de parientes y amigos de políticos, el reparto de empleos en el municipio financió a los militantes. Las similitudes entre ambos mecanismos son elocuentes. Ambos son igualmente condenables.

Sus consecuencias están a la vista: un municipio que hace poco más que pagar sueldos y un sistema de taxis casi autónomo de las necesidades de la ciudad. Que corta el servicio cuando llueve, que elude los viajes a zonas periféricas, que esquiva pasajeros si hay que lidiar con una silla de ruedas y que admite bandas organizadas en el Aeropuerto o los alrededores de la Terminal.

Hoy una chapa de taxi cuesta cerca de 50 mil dólares. Hasta ahora, la adjudicación de las licencias fue discrecional, pese a que ese simple acto burocrático equivale a entregar un capital del mismo valor que un departamento. Con la prohibición de transferencias, todo ese mercado desaparece y la potestad de regulación vuelve al municipio.