Casanello seguirá a cargo de la investigación sobre Jaime por enriquecimiento ilícito
El juez federal fue confirmado por su superior, quien rechazó la recusación presentada por el exministro de Transporte.
El juez federal Sebastián Casanello fue confirmado hoy por su superior, la Cámara Federal porteña, al frente de la causa en la que investiga al ex secretario de Transporte de la Nación Ricardo Jaime por enriquecimiento ilícito.
Fuentes judiciales informaron que la Sala I de la Cámara rechazó un recusación de la defensa de Jaime contra el magistrado por presunto prejuzgamiento.
La defensa de Jaime pidió el apartamiento de Casanello porque en la citación a indagatoria por enriquecimiento ilícito hizo una breve descripción de la acusación en su contra, lo que fue considerado como "opiniones extemporáneas, intempestivas e innecesarias".
Los camaristas Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah rechazaron el planteo porque fue extemporáneo.
Además, el juez Freiler entendió que la recusación "solo podría interpretarse como un intento de dilatar la inapelable citación efectuada" a indagatoria a Jaime.
Y agregó que "no ha existido lesión ni menoscabo alguno al ejercicio de la defensa".
Ante una citación, Jaime se presentó este martes a declarar ante Casanello y el fiscal Carlos Rívolo, pero finalmente se negó a hacerlo porque, explicó, el juez estaba recusado, en este caso por él mismo.
El ex funcionario está acusado de enriquecimiento ilícito durante los seis años, de 2003 a 2009, que fue secretario de Transporte de Néstor y Cristina Kirchner.
Junto a él fueron citados a indagatoria sus tres hijas, su hermano, su ex mujer, las dos hijas de ésta, su ex suegra y dos abogados, acusados de ser sus testaferros y de ocultar bienes.
Asimismo, Jaime está procesado e irá a juicio -junto a otros ex funcionarios y empresarios- por la tragedia de la terminal de trenes de Once, ocurrida en febrero del año pasado, con un saldo de 51 muertos y centenares de heridos.
Además, Jaime deberá afrontar los estrados por el delito de "dádivas", ya que, según la Justicia, habría recibido favores de empresarios a los que, desde su función en el Gobierno, él debía controlar.
