Buscan a represores que se fugaron del Hospital Militar
Fue en Buenos Aires. Gustavo Ramón De Marchi y Jorge Antonio Olivera estaban a disposición de la Justicia Federal de San Juan.
La Justicia realizaba esta noche una serie de diligencias y allanamientos en busca de dos represores condenados en San Juan que se escaparon del Hospital Militar porteño, en una fuga que -según denunció el Gobierno nacional- habría contado con la posible complicidad de custodios penitenciarios, personal médico y funcionarios judiciales.
La información de la serie de diligencias y allanamientos fue publicada por la agencia DyN a las 19.58.
El Ministerio de Justicia y Seguridad ofreció dos recompensas de dos millones de pesos cada una para quien aporte información fehaciente sobre el paradero los represores Gustavo Ramón De Marchi y Jorge Antonio Olivera, condenados por crímenes de lesa humanidad hace tres semanas y quienes fugaron el jueves, del Hospital Militar Central "Cosme Argerich", de Palermo. Más temprano, ese ministerio había ofrecido hoy dos recompensas de 100 mil pesos (ver Dos recompensas de $ 100 mil para quien dé datos sobre paradero de represores fugados).
El ministro Julio Alak, también, pidió formalmente a la Corte Suprema que prohíba que imputados por crímenes cometidos durante la dictadura sean llevados a centros médicos de las fuerzas de seguridad (ver Alak pidió a la Corte que se impida traslados de represores a hospitales militares).
Por su parte, el titular del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Hortel, radicó una denuncia por "encubrimiento" para investigar a los supuestos colaboradores de la fuga. "Además de la investigación sobre los agentes penitenciarios que efectuaron el traslado (y que ya fueron puestos en disponibilidad) y sobre la actuación judicial que lo motivó, (se pide) que se investigue también al personal del Hospital Militar, ya que el mismo no colabora operativamente ni en la adopción de recaudos de seguridad", sostuvo la denuncia penal (ver Pasan a retiro y relevo a 7 militares por fuga de represores del Hospital Militar).
Según el Gobierno, "no es posible descartar que personal del mencionado hospital haya incluso prestado colaboración, toda vez que un familiar de Olivera, cumple funciones en el referido nosocomio".
La denuncia cuestiona la "manda judicial" de traslado por entender que parecía "injustificada, de dudosa fundamentación y carente de racionalidad", dado que las patologías de los represores no presentaban "riesgo de vida".
El exjefe de inteligencia Olivera y De Marchi -condenados hace tres semanas en San Juan a penas de prisión perpetua y 25 años de prisión respectivamente- habían sido traídos a Buenos Aires "en carácter de tránsito" el pasado 17 de julio y alojados en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz.
Por la mañana del jueves fueron llevados hacia el hospital Militar Central.
Según la denuncia, agentes de Seguridad y Traslados de SPF entregó "a los nombrados al personal del hospital, en la sala de atención que ese nosocomio dispone en el tercer piso para detenidos por delitos de lesa humanidad".
"Luego de ser llevados a los consultorios correspondientes, se advirtió que los internos nombrados no se encontraban en la sala donde debían estar", relató la denuncia que añadió que los presos no fueron encontrados pese a la "búsqueda exhaustiva por las instalaciones del citado hospital".
La autorización para el traslado desde San Juan hasta Buenos Aires había sido firmada por una secretaria del Juzgado Federal 2 de San Juan, a cargo de Miguel Ángel Gálvez, según denunciaron el secretario de derechos humanos local y una de las abogadas querellantes de la causa en donde Olivera y De Marchi resultaron condenados.
Ahora, el juez federal porteño Claudio Bonadio, a cargo de la denuncia radicada por el Gobierno por "encubrimiento", investiga las instancias de cómo se escaparon los represores.
Fuentes judiciales y policiales indicaron a DyN que agentes de la comisaría 31 fueron a la sede del Hospital Militar, ubicado sobre la avenida Luis María Campos 726, en la zona de Las Cañitas, para secuestrar la documentación de las carpetas médicas de los involucrados.
Lo que quiere saber el juez es si, efectivamente, había una justificación médica para los traslados y si había filmaciones de las cámaras de seguridad del predio hospitalarios.
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