Avanzan las designaciones y preparan nuevo llamado
El gobernador ya nombró a un tercio de los ganadores del polémico concurso. Alistan otro llamado cerrado.
La polémica política por los concursos para cargos jerárquicos se acalló y el Gobierno de Córdoba avanza con las designaciones en los puestos más altos de la administración pública: hasta ayer, habían sido nombrados con carácter permanente o por un plazo de cinco años –según el cargo– 242 personas, la mayoría de las cuales se designaban interinamente en los cargos que se concursaron. La cifra equivale a casi un tercio de los 747 cargos de jefes de área y directores y subdirectores de jurisdicción. Los decretos se publicaron casi a diario en el Boletín Oficial desde el 20 de octubre pasado. Ayer, por ejemplo, aparecieron 39 decretos rubricados por el gobernador Juan Schiaretti, junto a varios ministros.El proceso avanza sin obstáculos judiciales. Hasta el momento ningún juez hizo lugar a alguno de los varios pedidos de interrupción del concurso. La acción de inconstitucionalidad presentada por la Unión Cívica Radical contra la ley 9361 –escalafón del empleado público, que instituyó los concursos con la modalidad aplicada por el Gobierno– tampoco tuvo efecto alguno hasta ahora. La decisión, en ese caso, corresponde al Tribunal Superior de Justicia, que no se expidió. No obstante, en esa causa sí se expidió el fiscal General de la Provincia, Darío Vezzaro, quien tras ser consultado por el máximo organismo emitió un dictamen lapidario: consideró que la URC carece de "legitimación activa" y que la acción de inconstitucionalidad "debe declararse inadmisible". Antonio María Hernández, el abogado que patrocinó al partido político en el planteo, consideró que Vezzaro procuró "cerrar el acceso al Tribunal Superior, en un claro intento por beneficiar al Poder Ejecutivo". Recalcó que ese dictamen no es vinculante, pero anticipó que el radicalismo está dispuesto a llegar a la Corte Suprema de Justicia con el reclamo, por la evidente arbitrariedad del proceso concursal. En tanto, el Gobierno ultima los detalles para el nuevo llamado a concurso cerrado, que elevará a más de 1.300 las designaciones en cargos jerárquicos. En este caso, se concursarán unas 600 vacantes en cargos de supervisión y jefaturas de área, de división y de departamento. El Sindicato de Empleados Públicos (SEP) presiona por el urgente llamado y exige que todos los agentes tengan derecho a participar, un detalle que va contra la ley 9361. A su vez, el secretario general del SEP, José Pihen –que adelantó al 17 de diciembre las elecciones de autoridades gremiales– espera la convocatoria del Gobierno para dar a inicio a la efectivización de personal contratado. Están en esa categoría casi 5.500 agentes y Schiaretti ya anticipó que habrá pases a planta permanente, previo análisis "caso por caso".

