Antes de demoler, hubo mejoras del edificio

La polémica por la demolición de la Casa de las Tejas sumó ayer un nuevo capítulo. El Gobierno provincial debió admitir que en los últimos meses invirtió 1,2 millón de pesos en mejoras del edificio, que será derrumbado dentro de pocos días. El tema se hizo público cuando José Medina, representante del Frente Cívico en el Tribunal de Cuenta de la Provincia, denunció que el 19 de octubre pasado la administración del gobernador Juan Schiaretti pidió autorización para realizar reparaciones en la Casa de Gobierno por más de un millón de pesos, cuando ya estaba la decisión política de demoler el edificio. "Esto marca el nivel de desidia que tiene este gobierno. Se gastan recursos públicos en un edificio que se demolería a los pocos días", afirmó el tribuno opositor.La respuesta de la Provincia llegó de parte del secretario General de la Gobernación, Ricardo Sosa, quien reconoció el gasto, pero hizo otra lectura del hecho. "Este es un argumento en favor de lo que sostenemos nosotros: el edificio de la Casa de las Tejas no se puede utilizar para ningún otro fin".El funcionario schiarettista aprovechó la oportunidad para asegurar que la casona que se construyó durante la segunda presidencia de Juan Domingo Perón, tiene "graves" problemas edilicios. "Hay un informe sobre la infraestructura del edificio que es lapidario, respecto de cañerías, de aguas cloacales, desagües... Todo está absolutamente colapsado, se arman lagos debajo de los cimientos del edificio que se va hundiendo", afirmó Sosa (ver aparte).El secretario General de la Gobernación reconoció que la autorización final del Tribunal de Cuentas para la inversión en mejoras se produjo el 12 de noviembre pasado, cuando ya estaba decidido derrumbar el edificio. Pero argumentó que las refacciones se hicieron con anterioridad por una cuestión de "urgencia". "Por una cuestión administrativa el Tribunal de Cuentas autorizó después el gasto, pero las grietas que había en la Sala de Prensa las veían todos los periodistas y los arreglos se hicieron por una urgencia. Lo mismo ocurrió con los techos. Me parece que están mal informados quienes hicieron una denuncia", explicó el funcionario. Denuncia penal. Las explicaciones del secretario General de la Gobernación no convencieron al Frente Cívico, ya que el diputado nacional, Ernesto Martínez, presentó una denuncia penal contra el Gobierno provincial. El legislador trató de instalar la sospecha de que las reparaciones autorizadas por el Tribunal de Cuentas, no fueron realizadas.El legislador hizo una presentación ante la fiscal Dolores Romero Díaz, pidiendo que se hiciera una "inspección" en la Casa de Gobierno para corroborar si las mejoras se concretaron. "La justicia debe preservar las pruebas, ya que es posible que en pocas horas ese sector sea demolido y nunca sabremos si realmente se concretó lo que aprobó el Tribunal de Cuentas. Si los arreglos no se hicieron, hay una defraudación a la administración pública", dijo el legislador opositor.Para Martínez, el Gobierno debe mostrar las facturas de las empresas que hicieron el trabajo y mostrar que la obra se concretó. "La Casa de Gobierno, que es un bien público, se ha convertido en una 'Ciudad Oculta' en la cual no pueden ingresar ni los periodistas. Espero que ahora dejen actuar a la justicia", cuestionó el legislador opositor.Según consta en los expedientes del Tribunal de Cuentas provincial, el Gobierno provincial desembolsó 568.749 pesos a la empresa Juan Pablo Martinazo para la reparación de un grupo electrógeno, adecuación de casilla para su instalación, ejecución y colocación de trailero de transferencia de cable alimentador. Encamisado de caño cisterna, reparación de cubierta con cambio de tejas, ejecución de canaletas de desagües y colocación de vereda exterior. El presupuesto original fue de 477.909 pesos, pero la mencionada empresa se quedó con la obra, con una oferta el 19 por ciento superior a la base, aunque menor a las otras tres oferentes.Por otro lado, la misma empresa (Juan Pablo Martinazo) cobró 561.238 pesos para realizar "reparaciones generales", que incluyeron el arreglo de grietas en las paredes de la Sala de Prensa. La base fue de 479.358 pesos y la empresa que se quedó con el concurso de precios hizo una oferta el 10 por ciento superior, pero menor a la otra constructora concursante.