Amnistía Internacional pide a la Argentina que siga investigando crímenes del franquismo
AI entregó un informe para denunciar el "total desamparo" en España de las víctimas.
Una delegación de Amnistía Internacional (AI) se presentó hoy en el juzgado federal número uno, donde tramita una causa sobre los crímenes del franquismo español, y entregó un informe para denunciar el "total desamparo" en España de las víctimas de ese régimen.
La titular de ese juzgado, María Servini de Cubría, lleva adelante ese expediente, en aplicación de la doctrina de la Justicia Universal, y en julio próximo tiene previsto ir a Madrid e instalarse en la embajada argentina para tomar testimonio a los deudos que quieran declarar.
Franquismo. Fuentes judiciales informaron que como la jueza ahora se encuentra de viaje, Esteban Beltrán y Mariela Belski, de Amnistía Internacional de España y Argentina, respectivamente, fueron invitados a pasar al despacho y conversaron brevemente con uno de los secretarios, Adolfo Piendibene.
En el escrito que le dejaron, aseguraron que "las autoridades de España están denegando los derechos a verdad, justicia y reparación a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo", según relevamiento que Amnistía habría hecho de "21 de los 47 casos repartidos entre juzgados de todo el territorio español".
También consignaron que la organización hizo un estudio detallado de la sentencia del Tribunal Supremo del 27 de febrero de 2012 en el llamado "caso Garzón" y concluyó sobre lo que denominó "sus consecuencias adversas en la lucha contra la impunidad".
"Amnistía Internacional pide que la Justicia argentina que continúe investigando los crímenes de derecho internacional cometidos en España entre 1936 y 1977, al tiempo que reafirma su reclamo de justicia en España", añadió.
Hasta ahora varias familias de desaparecidos, ejecutados, torturados y prisioneros políticos del franquismo se presentaron como querellante en esta causa, como por ejemplo los de José Baena Alonso, fusilado a los 24 años el 27 de septiembre de 1975.
El sábado 27 de septiembre de 1975, por la mañana, tres pelotones de fusilamiento, con guardias civiles y policías voluntarios, ejecutaron a Baena, José Luis Sánchez Bravo (22) y Ramón García Sanz (27), Juan Paredes Manot, (21) Txiqui, y Ángel Otaegui (33).
Desde el Vaticano -el Papa Paulo VI- hasta la ONU y la Unión
Europea habían reclamado el indulto de los condenados. Los fusilamientos levantaron una ola de protestas y condenas en países de Europa y América, incluso con incendio de banderas españolas.
Sólo 53 días después, el 20 de noviembre de 1975, Franco murió en la cama de un hospital. También se constituyeron como querellantes en el juzgado de Servini los ex presos políticos del franquismo Manuel Blanco Chivite; Josu Mirena Ibargutxi San Pedro; José María Galante Serrano, y Sabino Arana Bilbao.
La jueza ha preguntado por exhorto al Gobierno español la identidad y direcciones de los ministros e integrantes del régimen de Franco que siguen con vida. Entre otros, los jefes de las fuerzas armadas y de seguridad. Por eso, los querellantes estiman que la causa podría abarcar al Rey Juan Carlos I y al ex presidente español Adolfo Suárez.
Si la jueza, eventualmente, ordenase la captura internacional aquellos podrían ser detenidos si salen de España, como le ocurrió al ya fallecido dictador chileno Augusto Pinochet al visitar Londres en octubre de 1998.
La querella fue presentada en Argentina el 14 de abril de 2010 -aniversario de la Segunda República española- por familias de dos fusilados por Franco y ha sido acompañada entre otros por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y las Abuelas de Plaza de Mayo.
