Algunos son más iguales que otros

La dirigencia política sigue teniendo muchos problemas para recuperar prestigio. Por intencionalidades ajenas y gran cantidad de méritos propios, funcionarios y legisladores de distintos ámbitos no logran recomponer vínculos con la sociedad.

Los jueces han decidido hacerles compañía. Algunos hechos producidos en los últimos días tienen un efecto devastador sobre la imagen del Poder Judicial.

A los debates nacionales sobre la inacción, la extrema flexibilidad en el manejo de los tiempos, la dedicación y probidad de sus miembros, se sumaron en Córdoba decisiones que pusieron a los magistrados en niveles de consideración similares a los de los otros poderes.

Cuando la Justicia provincial no lograba recuperarse del mazazo que se autopropinó al cerrar el Palacio de Justicia por las bajas temperaturas, generando la indignación ciudadana, en especial de los que padecen con estoicismo la ola de frío en condiciones laborales y retribuciones mucho más precarias que las de los magistrados, los jueces anunciaron esta semana un aumento salarial.

En números. El aumento no es exorbitante ni mucho menos (12,25 por ciento), además de estar ajustado a la ley (el enganche con los aumentos al personal). Pero revela una irritante situación de privilegio: los jueces no pagan Ganancias, un impuesto que tributan todos los asalariados que ganan más de cinco mil pesos.

Con la actualización, un miembro del Tribunal Superior de Justicia pasa a cobrar más de 26 mil pesos, lo que tal vez sea acorde con el cargo ocupado. El tema es que, con ese sueldo, debe tributarle al Estado unos siete mil u ocho mil pesos y no lo hace.

El impacto no es por lo que se pierde de recaudar el Estado, porque en realidad la cantidad de jueces en la masa de asalariados es insignificante, sino por el efecto simbólico que tiene el hecho de que quienes deben impartir justicia interpretan la ley en función de su conveniencia personal y se arrogan un privilegio ante ciudadanos que sufren una fuerte presión del fisco.

El no pago del Impuesto a las Ganancias es a partir de una interpretación de la cláusula de la Constitución que consagra la intangibilidad de salarios de los magistrados.

Ese artículo, tanto en la Carta Magna nacional como en la provincial, apunta a que el poder político no rebaje el sueldo a los jueces como medio para condicionarlos. Pero un impuesto es algo general, no una norma dirigida contra los jueces, y aquella interpretación viola un principio básico del derecho: el de la igualdad ante la ley. Como algunos son más iguales que otros y otros tiemblan más ante el frío que algunos, los platillos de la balanza no siempre están en equilibrio.