Alardear de las carencias
El Gobierno provincial ha ido virando de postura con el escándalo de los policías sospechados de complicidad con narcos.
En la edición de su programa de este año, el cómico Diego Capusotto incorporó un personaje, Lester Mamone, que va cambiando de opinión segundo a segundo para ir adaptándose a las posiciones de sus interlocutores.
El grotesco, que refleja a personas con las que nos solemos encontrar a menudo, hunde sus raíces en los comportamientos de los gobernantes, que van modificando posturas en función de la repercusión ante la opinión pública.
El escándalo de los supuestos narcopolicías es el episodio más grave que debe afrontar en su tercer mandato José Manuel de la Sota. Y el Gobierno ha ido virando de posición en este tema en las apenas dos semanas desde que se produjo el estallido del caso.
Después del silencio inicial, el primer pronunciamiento oficial fue el pasado domingo 8. El entonces jefe de Policía, Ramón Frías, habló en el sepelio del oficial Juan Alós, mencionado en el caso, y dijo que “la difamación, la injuria y las mentiras le quitaron la vida”. Minutos antes, se había abrazado con el jefe de Lucha contra el Narcotráfico, Rafael Sosa, en ese momento en uso de licencia y hoy detenido.
El discurso de Frías, escrito en el Centro Cívico, fue avalado por el gobernador dos días después. “Cuida la fuerza, que está muy dolida por todo lo ocurrido. Los policías denunciados por un delincuente preso por dólares falsos ni abrieron la boca: se pusieron a disposición de los jueces”, sostuvo De la Sota.
Un día después, la Justicia federal dispuso la detención de cinco oficiales y encontró droga sin clasificar en un allanamiento en una repartición policial. La defensa se mantuvo. Sergio Busso, titular del bloque de Unión por Córdoba, regresó del Centro Cívico a la Legislatura para decir: “Denunciamos las actitudes políticas y militantes que tiene el fiscal (Enrique) Senestrari, quien antes reconocía el prestigio de la Policía de Córdoba, la usaba para investigar, y ahora es miembro de Justicia Legítima y actúa a las órdenes de la procuradora nacional Alejandra Gils Carbó para desprestigiar a la Provincia”.
El viernes pasado, por la mañana, el Gobierno –después de ratificar al entonces ministro de Seguridad, Alejo Paredes, y al jefe de la Policía– enviaba mensajes diciendo que el juez federal Ricardo Bustos Fierro iba a revertir algunas de las actuaciones del fiscal Senestrari. Al mediodía, Bustos Fierro indagó durante más de dos horas a Sosa y lo mantuvo preso.
A primera hora de la tarde, De la Sota anunciaba las renuncias de Paredes y Frías y ponía un leve viraje a su discurso: “En principio, la sospecha no es tolerable. Yo debo actuar con prudencia, con mesura. Debo encargarme de que los narcotraficantes sean perseguidos”. Pero insistía con la lectura original de la conspiración kirchnerista: “Parece que el flagelo de la droga tiene colores políticos en la Argentina, y sólo aparece en provincias como Santa Fe o Córdoba”.
Sobre este punto, la complicidad policial con el narcotráfico no es una cuestión de partidos y su aprovechamiento sino que lo que hay que determinar es si existe o no. No obstante, en el señalamiento fuerte que hace el kirchnerismo en el caso de Córdoba, como lo hizo en Santa Fe, se omite que está probado el aporte de grupos relacionados con el narcotráfico a la primera campaña presidencial de Cristina Fernández.
Volviendo al derrotero del Gobierno policial con el narcoescándalo, el lunes, De la Sota puso en funciones a la nueva ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y dijo que “es imposible tolerar que la Justicia sospeche sobre agentes del orden como delincuentes y por eso el Gobierno pone a disposición de la Justicia tanto provincial como federal absolutamente toda la información y todo lo que necesite para llegar hasta el fondo en las investigaciones”.
Más allá de que está claro el viraje, ningún gobernante debería jactarse de ponerse a disposición de la Justicia o anunciar que ofrece colaboración. Es, lisa y llanamente, una de las principales obligaciones de cualquier ciudadano, mucho más de los que tienen responsabilidad pública.
Si, como dice el refrán, basta que digamos de qué alardeamos para saber de qué carecemos, quienes alardean con que están a disposición de la Justicia ¿en realidad están desnudando una grave carencia?
