Acusaciones de homicidio contra Videla y Menéndez

El dictador Jorge Rafael Videla volvió a sentarse después de 24 años en el banquillo de los acusados en el juicio que comenzó ayer en Córdoba y hasta intentó hacer uso de la palabra, pero el Tribunal Oral Federal Nº1 no se lo permitió.

Videla es uno de los 31 imputados en este proceso y recién podrá dirigirse a los jueces cuando termine la lectura de la acusación, que se inició ayer y continuará en la audiencia prevista para el próximo lunes.

El ex presidente de facto, sentado al lado de Luciano Benjamín Menéndez (con quien estuvo enfrentado durante el régimen militar) hizo señas al presidente del Tribunal, Jaime Díaz Gavier, para intervenir cuando se describía el funcionamiento del esquema represivo en Córdoba. El juez le respondió que podrá hacer uso de la palabra una vez que finalice la lectura de la acusación y se ingrese de lleno en el debate, probablemente el lunes próximo.

Videla llega procesado a esta causa porque 27 de las 31 víctimas eran presos políticos "blanqueados", todos ellos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. En estos hechos, a Videla y a Menéndez se les atribuyen los delitos de secuestro, tortura y homicidio.

Desde el sábado, Videla -condenado en 1985 en el histórico Juicio a las Juntas e indultado por el ex presidente Carlos Menem- está en la Cárcel de Bouwer, en el pabellón de detenidos por delitos de lesa humanidad.

En la apertura del juicio, ayer se leyó la acusación de las dos causas unificadas en este proceso: UP1 (oficialmente se la llama Videla e incluye la investigación de 31 asesinatos) y Gontero (se denomina ahora Menéndez III e incluye las torturas sufridas por cinco policías y el hermano de uno de ellos).

A sala llena. A la sala donde se desarrolla el juicio sólo ingresó un centenar de personas, además de los abogados y funcionarios judiciales, y había tanto familiares de las víctimas como de los militares y policías acusados.

Los allegados a los imputados debieron retirar una Bandera argentina que habían desplegado en la sala y, por pedido del juez Díaz Gavier, familiares de desaparecidos debieron cubrir las remeras en las que portaban los rostros de sus seres queridos. "Es para que se eviten situaciones de roce", explicó el magistrado.

Esta convivencia se volvió incómoda en uno de los cuartos intermedios, cuando el hermano del militar Gustavo Adolfo Alsina, uno de los procesados, se acercó hasta la hermana de una de las víctimas e intentó excusar al sospechoso (ver Dolorosa convivencia... ).

Por el Gobierno nacional, estuvo presente el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde. Entre los funcionarios cordobeses se destacaron el intendente Daniel Giacomino, el secretario General de la Gobernación, Ricardo Sosa, el ministro de Justicia, Luis Angulo, y el secretario de Derechos Humanos del municipio capitalino, Miguel Baronetto, cuya esposa, Marta Juana González, fue asesinada en la UP1.

Todos los funcionarios consultados por los medios de prensa coincidieron en que se trata de un "juicio histórico", potenciado por la presencia de Videla en el banquillo. Ese lugar para los acusados también es ocupado por otros represores, como el ex comisario Carlos Yanicelli.

Entre los familiares de las víctimas, se encontraban la esposa, dos hijos y un hermano de Miguel Hugo Vaca Narvaja, un periodista y abogado que fue asesinado durante un "supuesto intento de fuga" en La Calera, el 12 de agosto de 1976, cuando tenía 35 años de edad.

El juicio pasó a un cuarto intermedio hasta el lunes a las 9.30, cuando avanzará la lectura de la acusación para dar lugar a la apertura del debate.