Acuerdo Nación-Provincia por presos federales en Córdoba
El traslado de los internos será realizado por el Servicio Penitenciario Nacional. Se incrementa 64% retroactivo a mayo lo que la Nación paga a Córdoba por cada interno.
Según lo informado por Luis Roberto Rueda, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, el arribo del SPF a la provincia, que tendrá base en Tribunales Federales locales y contará con 30 integrantes entre hombres y mujeres, se da en el marco de un nuevo convenio suscrito el pasado 16 de diciembre entre los ministerios de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y de Córdoba por el alojamiento de los presos de jurisdicción federal.
La medida alcanza a unos 450 internos federales por los que, según el nuevo acuerdo, y específicamente en las cláusulas novena y décima, se elevó el monto diario por interno de 140 pesos a 230, retroactivo al primero de mayo pasado y suma la posibilidad de un reajuste cada 60 días. El incremento es del 64 por ciento y en los hechos convalida el reclamo de la Provincia por el retraso.
La pulseada política por los presos de la Justicia Federal arrancó el 27 de mayo pasado, cuando desde el Ministerio de Justicia de la Provincia, a cargo de Graciela Chayep, se dio a conocer intempestivamente que desde el 1° de julio dejarían de prestar el servicio de traslado de los presos. Esa medida suponía la interrupción de numerosos juicios.
Por entonces se argumentó que la decisión provincial se debía a la deuda de 38,9 millones de pesos que mantenía la Nación en concepto de alojamiento de los internos en cárceles provinciales.
Ayer, fuentes de la cartera provincial indicaron que durante el último encuentro entre Chayep y Alak se discutió el tema, y adelantaron que aunque aún no se recibió ningún adelanto “hay optimismo de que se va a cumplir con el compromiso de pagar”.
Tras el anuncio del corte de servicio, y en medio de una tensión creciente entre ambas administraciones, se acordó prorrogar los plazos hasta el 18 de diciembre. Ese límite –días más, días menos– finalmente se cumplió y el conflicto derivó ahora en acuerdo de partes.
Denuncia
Pero la discusión carcelaria no se agotó allí. Días antes de la notificación del SPC, la inspección sorpresiva del procurador Contra la Violencia Institucional de la Nación (Procuvin), Abel Córdoba, en la penitenciaría de barrio San Martín derivó en una serie de denuncias cruzadas, luego de que se hallaran cadenas para inmovilizar a los presos y que Chayep advirtiera un avance sobre su jurisdicción por la irrupción de un funcionario nacional en una dependencia de la Provincia.
Ello se sumó a la presentación de habeas corpus de las distintas jurisdicciones de las defensorías oficiales de la Justicia federal en la provincia que fueron unificadas finalmente en San Francisco por el traslado de los presos encadenados a los móviles, por considerar que se trataba de una medida violatoria de sus derechos y que está refrendada a través de distintos tratados internacionales y estimada en el Mecanismo nacional contra la tortura.
La Justicia Federal ya se expidió sobre la cuestión intimando a que el SPC no continúe aplicándolo.
Cárcel federal
La posible construcción de una cárcel nacional en Córdoba es una alternativa que se menciona con insistencia. La última información que este matutino tuvo sobre la construcción de una penitenciaría federal, fue la ratificación de que se trataría de predio de unas 50 hectáreas y que podría estar ubicado en cercanías de la cárcel de Bower, aún sin plazos para el comienzo de la obra prometida. No obstante, en el acuerdo de partes nada menciona al respecto.
