A las "grandes", ni justicia

"Si estos tipos durmieran tres horas más por día, qué bien que andaría este país". Es el comentario de un alto funcionario del Gobierno provincial con relación al proyecto de ley cegetista para repartir el 10 por ciento de las ganancias netas de las empresas entre los empleados. "Ni Perón hizo eso", agrega el funcionario de un gobierno peronista que, en los últimos días, ha palpado la creciente inquietud del sector empresarial por el proyecto del diputado moyanista Héctor Recalde que el martes ingresó al Congreso. La propuesta merecerá ser analizada con minuciosidad en el Congreso. Para algunos analistas, hay un aspecto crucial en las consecuencias que tendría la iniciativa si llegara a transformarse en ley. El punto fundamental es si abarcará a todas las empresas (como lo prevé en forma gradual el proyecto cegetista) o si sólo quedará como un cargo más para las empresas de más de 300 empleados (como establece el proyecto para una primera etapa). Si es para todos. El economista Lucas Llach ha planteado, no sin ironía, que, contra las declamaciones de la CGT, el proyecto podría servir para flexibilizar una parte del salario de los empleados de esas empresas. El razonamiento es el siguiente: luego de un período de ajuste del precio de sus productos, las empresas restablecerían su ecuación económica para que sus costos laborales totales sigan representando la misma proporción que hoy con relación a su facturación, incluyendo en esos costos la participación de sus empleados en las ganancias. En los años "buenos", los trabajadores cobrarían su salario fijo más una parte de las ganancias. En los años "malos", la ley permitiría un leve ajuste automático a la baja de los costos laborales, al no tener que pagar las empresas participación alguna en las ganancias.Claro que eso sólo es viable si la regla se aplica a todas las empresas. ¿Por qué? Porque, de no ser así, el margen de las empresas para elevar los precios finales de sus productos de modo que su nómina salarial represente la misma proporción de su facturación, quedará acotado. Sus competidores de menos de 300 empleados no tendrían que subir precios al no tener que afrontar el costo adicional de repartir ganancias. Si no es para todos. Y ahí viene justamente el problema. En Argentina, siempre queda bien pegarles a las empresas supuestamente "grandes". Y, a la hora de los bifes, a las "chicas", a las cooperativas, a las mutuales, se los beneficia con un doble estándar determinado por el prejuicio y la ignorancia que explotan los demagogos. Un ejemplo: las cooperativas no serían alcanzadas porque "ya reparten ganancias". Claro que sólo distribuyen el cinco por ciento, tienen derecho a compensar primero pérdidas de ejercicios anteriores y, más importante, están exentas del Impuesto a las Ganancias. Así cualquiera reparte.Si el reparto de ganancias queda circunscripto a un grupo de empresas "grandes", entonces no se logrará otra cosa que agrandar la brecha entre quienes forzosamente pagan más impuestos –porque no pueden ser invisibles ante la Afip– y quienes disfrutan de los beneficios de una economía más o menos en negro.En este caso, el Estado seguirá colocando nuevos incentivos para las empresas que se mueven en el mercado negro y que emplean al 35 por ciento de la fuerza laboral sin declararla.Se da por descontado que se impondrá esta segunda alternativa. El Estado argentino tiene una paradójica tradición que mantener: castigar a los que lo que pagan impuestos para sostenerlo.