Seis meses de gestión

Por costumbre o por necesidad, los períodos de tiempo son los que marcan el momento de efectuar no sólo un balance de las acciones sino también algunas reflexiones que impulsen los días por venir. En ese derrotero se inscribe esta columna, que pretende poner de relieve el grado de cumplimiento del Gobierno de Córdoba en este primer semestre de gestión. Para ello, hay que puntualizar algunas cuestiones que hacen a la coyuntura en la cual se desarrolló la acción y las restricciones que debieron afrontarse.La más importante obedece a las acreencias que Córdoba tiene frente al Gobierno nacional en materia de convenios y normas vigentes que aún no han podido monetizarse o instrumentarse de modo adecuado.En ese universo, se destacan las deudas devengadas del convenio de armonización del sistema previsional (Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba) y de las obras públicas que debieran haber sido financiadas con fondos federales y que alcanzan hoy la suma de dos mil millones de pesos.Es decir, Córdoba no ha percibido de la Nación el equivalente a casi el 8,7 por ciento del total de su presupuesto anual de erogaciones corrientes o el 70,05 por ciento del total de su presupuesto anual de erogaciones de capital.Cierto es que el gobernador José Manuel de la Sota es un hombre de diálogo y consensos, pero no es menos cierto que el esfuerzo ha sido de magnitud. Esfuerzo no sólo reflejado en el austero manejo presupuestario de la Provincia sino también en el acompañamiento de proveedores y contratistas del Estado.De allí se concluye que, como señalara el gobernador, Córdoba ha hecho un aporte importante en ayuda del Gobierno nacional. Por tal motivo, existe una doble legitimidad en su reclamo: el que deviene de los convenios y normativas y el de la solidaridad puesta de manifiesto tanto por el poder político como por los sectores productivos de la provincia.La situación no ha impedido que se respetara la palabra empeñada durante la campaña electoral. Basta ver el exitoso diseño, la implementación y puesta en marcha del Boleto Educativo Gratuito, el Programa Primer Paso, las becas estudiantiles o la provisión de medicamentos gratuitos en los hospitales públicos.Esto sin descuidar el cumplimiento de los compromisos salariales de los agentes estatales y la distribución de fondos a los municipios y comunas provinciales. En este último caso, es de remarcar que en el período enero-mayo de 2011 la coparticipación a los municipios y comunas fue de 1.094 millones de pesos y, en el mismo período de 2012, la cifra fue de 1.353 millones. Es decir, un incremento neto del 23,68 por ciento, porcentaje cercano a los valores de inflación real.Todo se ha logrado en este corto período, respetando la rebaja impositiva puesta en marcha ya hace más de una década y en momentos en que algunos sectores dinámicos de la economía de Córdoba muestran cierto amesetamiento en su evolución.Finalmente, se debe resaltar que estas políticas, que significan un claro apoyo a los sectores medios de la población, se llevan adelante en simultáneo con la imprescindible ayuda a sectores más carecientes, cuya atención es permanente.Queda mucho por hacer y desafíos no menores por enfrentar. Esto podrá llevarse a cabo si mantenemos el espíritu crítico para detectar errores y necesidades que persistan. Y, fundamentalmente, con una actitud de servicio que los cordobeses merecen, todo en un ambiente amigable para la inversión, que permita radicaciones productivas, las cuales representan el verdadero nombre de la dignidad humana y la justicia social: el trabajo.

*Ministro de Planificación, Inversión y Financiamiento de la Provincia de Córdoba