Schiaretti, protagonista

Conminado por el exiguo resultado obtenido en las Paso (apenas una cuarta parte de los votos), el gobernador Juan Schiaretti se puso al frente de la campaña para las elecciones del 14 de noviembre. La suerte parece echada en relación con los senadores; en todo caso, lo que resta dirimir es si el peronismo cordobés logrará consagrar un tercer diputado nacional.

Schiaretti fue reelegido gobernador en 2019 por segunda vez, con el 57 por ciento de los votos. Transcurre su tercer mandato sin posibilidad de reelección, por lo cual parece razonable que abrigue intenciones nacionales en tanto el escenario previsible tras los comicios incluye la eventual decadencia del kirchnerismo y el probable resurgimiento de un peronismo más clásico.

El gobernador no se resigna a aceptar un hecho que parece irremediable: su notable ascendiente sobre el electorado de Córdoba al momento de las elecciones provinciales no resulta fácilmente trasladable al momento de elegir cargos nacionales. En este caso, los votantes se desplazan hacia el frente opositor: votan a Schiaretti para gobernador, pero una parte prefiere a Juntos por el Cambio cuando se trata de elecciones nacionales. O al revés: una porción de quienes eligen a Mauricio Macri para presidente vota por Schiaretti para gobernador.

Esta situación tan singular no parece haber sido tenida en cuenta al momento de la elaboración del discurso electoral. El gobernador eligió la vía del federalismo cordobesista: el problema del país consiste en que está gobernado por porteños que sólo piensan en su interés y postergan a las provincias; de un color u otro, son todos lo mismo, pues ambos grupos (kirchnerismo, macrismo) “chocaron el país”.

Schiaretti fue más allá todavía: responsabilizó a Macri de ser el principal responsable de que Cristina Kirchner haya retornado al poder. En tal sentido, cabría preguntarse por quién votaron el gobernador y sus colaboradores más cercanos en los comicios presidenciales de 2019, tras el fallido intento de coordinar esfuerzos con Miguel Pichetto y Sergio Massa para ensanchar la llamada “avenida del medio”.

Como fuere, si el gobernador de Córdoba aspira a abandonar su confortable atalaya provincial y procura transitar el tórrido escenario nacional, difícilmente encontrará un momento más favorable del que aflorará tras los comicios inminentes.

Su carta de presentación será haberse sostenido en la provincia durante tres períodos e integrar un equipo que lleva seis mandatos consecutivos. También, por supuesto, haber desafiado al kirchnerismo casi desde los inicios de su primer mandato, cuando en ocasión del enfrentamiento entre el gobierno K y el campo asumió una clara postura en defensa de los productores agropecuarios. Esto le valió un reconocimiento electoral perdurable. El electorado de Córdoba percibe al peronismo local como distinto al kirchnerismo, y esto es algo que el radicalismo no termina de entender tras casi 23 años de su derrota electoral a manos de José Manuel de la Sota.

Si decide volcarse a la lucha presidencial, Schiaretti deberá modificar su discurso. Su cordobesismo quedará algo estrecho y deberá explicar a la gente del Amba, por ejemplo, cómo hará para reducirle los subsidios y hacerle pagar más caro el transporte y la electricidad, algo completamente justo, claro está.

También deberá incorporar definiciones sobre las que no se conoce aún su posición, acerca de temas que desbordan el ámbito provincial. Por ejemplo, qué piensa sobre la toma de tierras por parte de sedicentes mapuches en el sur del país, o bien sobre cómo interpreta el fenómeno inflacionario y sus causas. Tras sus críticas a quienes “chocaron el país”, los votantes de toda Argentina han de estar ansiosos por escuchar sus ideas sobre temas de real peso, que exceden los asuntos locales –importantes también–, tales como las obras vial, de gas y de cloacas, a las que ha dedicado los últimos años.

Ante nuestros ojos, estamos viendo crecer un problema que puede llegar a tener derivaciones trágicas en un futuro cercano. Los desmanes protagonizados por un grupo de mapuches en el sur del país, que incluyen tomas de propiedades, incendios y violencia física, avanzan sin que el Gobierno nacional muestre la decisión de actuar.

Una de las derivaciones de los sangrientos enfrentamientos de la década de 1970 fue el afianzamiento de la idea de que el Estado carece de legitimidad para ejercer la represión. Además, la propia palabra ha sido proscripta como si necesariamente conllevara una carga ilegal y repudiable. Toda la visión del Derecho Penal que promueve Eugenio Zaffaroni, la política vindicatoria de los guerrilleros setentistas a la que adhiere el kirchnerismo, e incluso la mirada del papa Francisco, que atribuye una importancia secundaria a la propiedad privada, convergen en la construcción de un contexto de violencia. La corrección política está abonando un pantano del que no será fácil salir.

Los organizadores de los desmanes saben que cuentan con viento de cola: nadie se atreve a reprimirlos, pues se teme que, restablecido el orden y puestas las cosas en su lugar, queden secuelas de sangre que le sean atribuidas a quien intente hacer cumplir las normas vigentes, incluso con todas las precauciones del caso.

Un gobierno que teme aplicar la ley sólo puede agravar los problemas.

* Analista político