Repensar la ausencia estatal y la ficción democrática

Los lamentables y trágicos sucesos acaecidos en Córdoba durante el 3 y el 4 de diciembre de 2013, que se expandieron por el país, y el reciente y atroz ajusticiamiento que vecinos del barrio rosarino de Azcuénaga acometieron contra un joven de 18 años deben conducirnos a una reflexión no sólo sobre el debilitamiento y ausencia del Estado, sino también sobre el creciente protagonismo que la sociedad civil está asumiendo en la Argentina. Aquella sólida estructura territorial y soberana llamada Estado –congraciada desde sus orígenes con la monopólica atribución de crear y aplicar el derecho de forma unívoca y con la licencia del uso de la fuerza para consolidar dentro de sus fronteras una ficta unidad– hoy manifiesta un marcado distanciamiento con su función de garantizar la convivencia y la paz social en un territorio.La histórica diferenciación entre sociedad civil y Estado, términos no antagónicos pero sí en fricción y pugna constante, ha alcanzado un nivel de enemistad profunda.La perpetua vocación totalizadora que los estados traen consigo, representada en nuestros días bajo una hiperproducción de normas y leyes que pretenden una máxima regulación y ordenación de todos los espacios del actuar humano, no garantiza la convivencia ni el aseguramiento de la unidad en ese espacio territorial que llamamos Argentina.Un Estado caracterizado por ese ímpetu de incontenible invasión hacia la persona olvida, no obstante, la necesaria correspondencia que debe existir entre la expresión de su voluntad (bajo la forma de una ley) y la de sus habitantes, para justificar así sus normas en una ideología compartida o al menos extraída del seno poblacional que lo constituye.La cantidad de leyes producidas por un Estado, por cierto, no determina calidad democrática y menos aún denota un correcto funcionamiento institucional. Muy por el contrario, esa tendencia a la regulación de la vida de la persona implica mayores y más graves dificultades para poner en marcha su cumplimiento.Un aumento de las penas con que un Estado persigue un delito no genera una disminución ni una detracción en el actuar malicioso de sus autores.En Argentina, lo sabemos por experiencia. Es válido recordar el infructuoso intento de Juan Carlos Blumberg, hacia 2004, por resolver a través de leyes la inseguridad reinante en el país, la cual, 10 años después, ha alcanzado ribetes insospechados.En este contexto, asoma una nueva forma de construcción social por fuera de la institucionalidad y las reglas que el Estado diseña. Nuevos canales de intervención y participación paraestatales se hacen presentes en la Argentina, y no siempre con fatales y dramáticos resultados como los acontecidos durante los "linchamientos" y "ajusticiamientos" por hordas populares, organizadas lamentablemente frente a un Estado inactivo y ausente a la hora de garantizar la seguridad y la convivencia.

Este complejo escenario de fricción entre sociedad civil-Estado encuentra abono en un debilitamiento de los espacios democráticos institucionales como los partidos políticos, dado no por la disminución de afiliaciones sino por la imagen y desaprobación que hoy se tiene de los referentes partidarios, de la calidad de su actuar y de su incapacidad para resolver las inquietudes y demandas sociales.

La histórica ficción sobre la cual se construyen las democracias mundiales promete en realidad un engaño y un profundo distanciamiento entre la voluntad de la ciudadanía y lo que los órganos legislativos terminan expresando como voluntad estatal. Se asiste a tiempos de fatiga democrática en su concepción formal o instrumental, aquella que sólo la entiende como un mecanismo para la toma de decisiones a través de un sistema de representación de voluntades.

Este agotamiento ha derivado en el resurgimiento y la aparición de nuevos espacios de debate y reflexión por fuera de la estructura formal del Estado, algunos de ellos con terribles consecuencias, como las antes señaladas, que son reacciones sociales justificadas en una situación de plena ausencia estatal, en un tema como la seguridad.

Sin embargo, la reflexión que debe encararse es mucho más profunda y debe atender a la generación de estos espacios de deliberación y actuación social por fuera de los canales institucionales, no siempre impregnados de violencia y con resultados fatales, sino en otras ocasiones con positivos resultado.

Por ejemplo: lo acontecido en la ciudad de Córdoba con organizaciones vecinales que generan espacios de debate e interacción, agrupaciones como la Multisectorial Alberdi o Defendamos Alberdi, que han emprendido tareas de recuperación y protección de patrimonio cultural e histórico del barrio, frente a un feroz avance de desarrollistas y emprendimientos urbanos que, ante una desatención de la Municipalidad, han actuado con pleno desinterés del sinnúmero de ordenanzas y leyes que amparan la identidad cultural e histórica de este emblemático barrio cordobés.

La transición a estos nuevos ámbitos por fuera del Estado obliga a repensar sus instituciones, pero sobre todo a reflexionar acerca de la utilidad de mantener una democracia de promesas incumplidas.

*Abogado, docente adscripto de las cátedras de Derecho Político y Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNC