¿Nuevo Código Procesal Penal para la impunidad?

No cabe dudas de que el proyecto modificatorio del Código Procesal Penal de la Nación es un verdadero avance en la materia, pues se alinea a los estándares actuales contemplados para los procesos penales. Así, este nuevo ordenamiento ritual agiliza los plazos en la resolución de las causas, establece medidas alternativas a la prisión preventiva y amplía la intervención de las víctimas, entre otras innovaciones.Pero el cambio más importante que propone esta reforma es la implementación de un sistema acu­satorio pleno, en el cual serán los fiscales los encargados de llevar adelante la investigación de los hechos traídos a su conocimiento, mientras que los jueces actuarán como garantes de la legalidad del proceso.Sin embargo, más allá de las buenas intenciones de esta propuesta que intenta modernizar el sistema de enjuiciamiento penal, sectores del quehacer judicial y político advierten que debajo de este intento reformista subyace la intención del Poder Ejecutivo de avanzar sobre el Judicial, con la finalidad de lograr la impunidad de los funcionarios públicos del actual gobierno que eventualmente puedan ser sometidos a proceso penal.En este estado de cosas, cabe preguntarnos: ¿es real la posibilidad de control de la Justicia por parte del Poder Ejecutivo?Entiendo que la respuesta al interrogante planteado es afirmativa, dado que el nuevo ordenamiento procesal deja abiertos espacios para lograr el control de un poder sobre el otro.En este sentido, destaco los siguientes aspectos de interés: Mayor poder a los fiscales: el nuevo ordenamiento prevé un sistema acusatorio que otorga mayor poder a los fiscales, centrando en ellos la investigación y persecución del delito. Así, queda en manos del Ministerio Público Fiscal la posibilidad de iniciar la investigación, archivar o desestimar el hecho delictivo del que fuera anoticiado, ello sin control jurisdiccional. También el fiscal de la causa será el único responsable de la generación de la prueba para sostener una eventual acusación. Designación de fiscales: la reforma del Código Procesal de la Nación prevé la creación de 17 nuevas fiscalías generales en todo el país. Si bien para estos cargos el sistema indica que se realizan concursos, a partir de los cuales se eleva una terna al Poder Ejecutivo, que debe elegir un nombre por cargo para que sea avalado por el Congreso de la Nación, este procedimiento generó controversias en los últimos tiempos, pues el Gobierno logró imponer candidatos afines al oficialismo. Amplio poder por parte del procurador General: el proyecto faculta al procurador General de la Nación a compensar la distribución de las causas existentes entre las 17 nuevas fiscalías. Así, el procurador General estará en condiciones de llamar a concurso para cubrir las vacantes de las nuevas fiscalías generales creadas, y los nuevos fiscales podrán intervenir en causas actuales. Esto quitará a los actuales fiscales generales aproximadamente la mitad de los casos en los que intervienen. Al menos, así ocurrirá en el estratégico fuero federal Penal porteño de los Tribunales de Comodoro Py. En síntesis, si bien el oficialismo cedió y recortó el poder que confería a la Fiscalía General en el proyecto original, aún subsisten elementos que dan cuenta de la posibilidad de control del Poder Judicial por parte del Ejecutivo, pues los fiscales obedientes de la Procuración General de la Nación de turno, serán dueños de qué, cómo y hasta dónde investigar, lo cual sin duda implica un ataque a la república por el avance de un poder sobre otro.El nuevo Código Procesal sería un instrumento transparente si se estableciera un régimen que asegurara la independencia de los fiscales, cuestión que no parece darse en esta oportunidad.

*Abogado, especialista en Derecho Penal Económico