La oligarquía política dueña del poder
Para superar los vicios corporativos que heredamos de un grupo de constituyentes perturbados por ambiciones autoritarias, debemos dictar una nueva Constitución nacional en beneficio sólo de la ciudadanía.
¿Por qué la oligarquía política y la dirigencia de las instituciones públicas acapararon todo el poder? Voy a intentar una explicación recurriendo a Jared Diamond en el libro Sociedades comparadas. Y luego, a una figura sociológica: las determinantes institucionales del comportamiento.
El autor citado nos muestra las diferencias de las distintas naciones del planeta a partir de razones étnicas, del uso de recursos naturales, de condicionamientos geográficos y en el hecho de haberse proporcionado buenas o malas instituciones. Con numerosas ilustraciones, desarrolla múltiples temas.
De ellos, me interesa destacar la referencia a 12 factores que hacen grandes a las naciones. Señala Diamond que cuando no se cumplen esos factores institucionales coextensivos, fracasan las naciones.
Dado el objetivo de este escrito, aquí sólo voy a resaltar dos ausencias de componentes relevantes que nos muestran por qué nuestro país está encuadrado en las malas instituciones y, entonces, en la gran decadencia:
- La corrupción en gran escala en todos los estamentos del Estado nacional, provincial y municipal, entidades autárquicas, gremios y todas las corporaciones públicas con autoridades electivas,
- El deplorable y destructivo sistema educativo en toda la República Argentina.
Determinantes institucionales
Las determinantes institucionales consisten en la realización de ordenadas conductas dentro de los límites de lo que permiten las normas escritas. Así, por ejemplo, en el fútbol: el árbitro, para resolver situaciones del juego, debe aplicar el artículo del reglamento que se corresponda con las acciones en curso.
Para ello, debe interpretar las acciones del juego en el momento en que se realizan, y el artículo que necesita emplear.
Hay normas reglamentarias que son muy claras, que no ofrecen dificultades y que además sancionan en forma concluyente las conductas prohibidas y permitidas que casi en forma mecánica respetan todos los protagonistas del juego (determinantes institucionales). Pero también existe una zona de penumbra que exige que el árbitro tome decisiones en un marco nebuloso, donde todo es discutible: allí nacen los desacuerdos.
Salvando las distancias, las constituciones están escritas en el lenguaje del habla cotidiana, con textura abierta, vaguedad, ambigüedad y palabras huecas. Es decir, no se trata de un lenguaje formal como el de la lógica y las matemáticas, donde no caben las exégesis.
Entramos en un terreno valorativo, donde los iluminados pontifican sobre el verdadero sentido y alcance de las disposiciones legales.
Desde tiempos inmemoriales, los gobiernos de facto, a veces apoyados por un sector de la ciudadanía, destituían a las autoridades legítimas y ese era el fin de la administración republicana.
Con el salvaje golpe de Estado de 1976, se violaron todas las garantías y los derechos de los ciudadanos, se instauró el poder absoluto y violento que generó el rechazo generalizado del pueblo. El retorno a la democracia, en 1983, fue acrecentando la idea de una reforma constitucional.
En ciencias sociales, muchas veces se generan movimientos pendulares, se abusa tanto de una permisión o de una prohibición, que luego causan reacciones extremas de permisiones o prohibiciones.
Mi finalidad es mostrar que la sanción de la Carta Magna de 1994 fue la resultante de un movimiento pendular materializado en la redacción de los legisladores constituyentes. Con intención o por ignorancia –sea cual fuera la situación, no deberían haber sido elegidos convencionales– y con el argumento de que debían eliminar el peligro de los golpes de Estado, sancionaron disposiciones extremas, olvidando que el poder reside en el pueblo.
Disposiciones que arrasaron la estructura del Estado
La Constitución aprobada en 1994 por una ciega oligarquía política, introdujo las malas instituciones que llevaron a la frustración y el desorden de nuestro país, ahora en franca decadencia.
Entonces, para superar los vicios corporativos que heredamos de un grupo de constituyentes perturbados por ambiciones autoritarias, debemos dictar una nueva Constitución nacional, en beneficio sólo de la ciudadanía.
Con esas aspiraciones mostraré, a grandes rasgos, las correcciones mínimas necesarias para que puedan generarse cambios en nuestro país.
- Eliminar de manera permanente y sin excepciones los decretos de necesidad y urgencia.
- En todos los cargos electivos públicos, prohibir las reelecciones de por vida (Poder Ejecutivo y Legislativo en sus tres esferas; en la dirigencia gremial; empresas del Estado; entidades autárquicas; universidades; obras sociales, etcétera. Un solo mandato en ese cargo).
- Descartar las elecciones de medio término y derogar el voto obligatorio.
- Abolir el sostén económico del Estado a los partidos políticos.
- Suprimir, sin excepciones, la delegación de funciones de un poder a otro.
- Imposibilitar que el Poder Ejecutivo pueda indultar o conmutar penas, cualquiera sea la naturaleza del delito.
- Establecer el mandato de senadores en seis años, y estos que no sean reelegibles de por vida.
- Restringir los efectos del veto presidencial a la simple mayoría.
- Prohibir al Poder Ejecutivo dictar la intervención federal, facultad sólo reservada al Congreso, con mayoría de ambas cámaras.
- Por tratarse de una inútil burocracia, prescindir del instituto del defensor del Pueblo.
Claro está: corresponde un amplio debate, con la participación de juristas sobre las transformaciones propuestas, y es una fantasía pensar que los actuales dirigentes políticos vayan a propiciar los cambios.
Nuestras esperanzas se dirigen a las enérgicas iniciativas ciudadanas y a una intensa campaña de los medios de comunicación masivos. Sin ellas, como hoy, seguiremos siendo prisioneros de las ambiciones del sector político.
* Doctor en Derecho
