La nueva contrarreforma laboral

El artículo14 bis de la Constitución Nacional ordena construir un sistema legal dirigido a proteger al trabajador. Su evolución es producto de reclamos y conflictos históricos, pero también de debates y acuerdos legislativos y autónomos, como los convenios colectivos.

En una noche, el decreto de necesidad y urgencia (DNU) de “reconstrucción de la economía” deconstruyó la reforma evolutiva, acumulativa y progresiva de una decena de leyes laborales aprobadas a través de tres cuartos de siglo por gobiernos de distinto e inclusive contradictorio signo político.

Por su extensión y profundidad, esta reforma sólo puede compararse con la de facto producida en 1976. Y sin necesidad ni urgencia.

En lo procesal, mediante el recurso del DNU no puede ni debe eludirse la discusión parlamentaria de cambios que afectan a millones de personas. Este signo antidemocrático no se condice con los ideales liberales que obviamente respetan la división de poderes y la formación de las leyes.

En lo sustancial, en el mismo año en que la Ley de Contrato de Trabajo cumple medio siglo, se la modificó fragmentando y degradando instituciones con la admisión de figuras no laborales; interpretación restrictiva de la norma más favorable; prolongación excesiva del período de prueba; posibilidad negociada de extender la jornada hasta 12 horas y disminuir el monto de las horas extraordinarias; ampliación de hipótesis de despido causado por ejercicio de acciones gremiales; disminución de los montos indemnizatorios en caso de despido; un insólito plan de pago de juicios laborales perdidos para pequeñas empresas, cualquiera sea el motivo, y otras variadas desprotecciones.

También se propone habilitar negociadamente un sistema de fondo de cese laboral que, a través del aporte mensual del 8% de las remuneraciones, permita el despido libre o, la otra cara de la moneda, la supresión de la estabilidad laboral, también protegida constitucionalmente.

A mayor inestabilidad, menor formación profesional, más inseguridad jurídica, mayor pérdida de derechos e imposibilidad de imaginar un proyecto de vida laboral.

A este sistema se le llama “mochila”, que por más juvenil que se la presente, es una palabra que deriva del latín mutilus, “mutilado”; en la construcción, se denomina así a un aparato sanitario.

Se acompaña esta reforma con la caída parcial de la ultraactividad de convenios colectivos y limitaciones a las actividades sindicales consideradas excesivas, y del ejercicio de la huelga en gran cantidad de actividades, como las alimentarias, educación, transporte.

Estas disposiciones son contrarias a los criterios del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo. La libertad sindical y el derecho de huelga son derechos humanos laborales, según numerosos instrumentos internacionales, y medios no violentos y procesalizados para resolver conflictos y acordar una nueva condición colectiva.

De allí surgen también los convenios colectivos, que son fuentes autónomas de derecho. En Argentina son ejemplares por su riqueza y dinámica, aun cuando necesiten actualización negociada. Debilitar o reglamentar un sistema autónomo de relaciones colectivas significa beneficiar la negociación particular, desregulada y desequilibrada de las partes.

Pero de lo que más se ha ocupado el DNU en cuestión es de suprimir toda indemnización o multa por irregularidad registral y trabajo informal, indirectamente un aliento o libertad para estas prácticas, porque no se implementa ningún régimen sustitutivo.

De tal modo, se beatificarían las estafas e ilegalidades del trabajo informal, al que el papa Francisco consideró ex cátedra en 2018 como un “pecado mortal”. Dios nos libre de este avance de la libertad.

* Doctor en Derecho y Ciencias Sociales; abogado laboralista