La hora de la Justicia frente a la conducta incivilizada

Ni floreos retóricos, ni veleidades napoleónicas, ni hipótesis conspirativas; tampoco la situación económica o las desigualdades sociales; ni siquiera el argumento de ejercer derechos constitucionales desde la necesidad de enarbolar el reclamo de reivindicaciones salariales alcanzan para admitir y menos aún justificar los gravísimos episodios que sacudieron a nuestra provincia en los primeros días de diciembre del pasado año. El acuartelamiento de la Policía de la Provincia de Córdoba acarreó, como correlato previsible –inducido o no– un salvaje comportamiento colectivo matizado en menor medida por actitudes individuales, que generaron un estado de desconcierto y desamparo generalizado. En medio de un espectáculo propio de un coliseo romano, la víctima central fue el ciudadano común, con resultados irreparables: dos muertos, decenas de heridos, destrozos, saqueos planificados. Y el aroma que deja la secuela de una rapiña delictiva tan impredecible como despiadada, en la cual la sensación de sentirse librado cada quien a su propia suerte se convirtió en una sentencia inapelable, bajo el accionar impiadoso y desenfrenado de grupos de delincuentes, en muchos casos organizados y, en menor medida, saqueadores espontáneos.No puede admitirse que se repitan episodios que nos pusieron en el umbral de una guerra entre distintos sectores sociales.

Ahora bien, en medio del fango, sobrevive la necesidad de justicia, la que se impone con la fuerza de un mandamiento. Y tiene que quedar claro, de una vez para siempre, que el ejercicio de todo derecho reconoce límites y jamás se debe anteponer un reclamo salarial a la obligación impostergable de brindar un servicio esencial a la sociedad entera.

Para satisfacer sus pretensiones, los policías no pueden transformarse en grupos de presión para doblegar la voluntad del gobernante, y menos abandonar sus funciones, dejar al Estado sin capacidad de reacción frente al delito y a una comunidad indefensa.

Desde otro costado, existe una responsabilidad indelegable e intransferible del Estado en relación con los sucesos acontecidos, que penetraron la tranquilidad, la salud, la vida y el patrimonio de quienes habitan esta provincia mediterránea.

Las responsabilidades son compartidas y recaen no sólo sobre la fuerza policial insurrecta sino también en las autoridades de los gobiernos provincial y nacional por su actitud de abulia y hasta desprecio hacia sus gobernados, lo que debe ser asumido como la peor derrota que pueda imaginarse en un Estado de derecho.

Sin embargo, no todo es oscuridad. Al final del camino, se vislumbra una esperanza depositada en manos de la Justicia, que a través de sus fiscales –como acusadores públicos– ha demostrado que no se admite el irrespeto a la ley ni se toleran conductas irracionales en derecho, camufladas bajo el disfraz del ejercicio de reclamos de raigambre constitucional.

No hay lugar para ambigüedades. El acuartelamiento de la fuerza policial bajo la modalidad escogida resulta abiertamente ilegal, dado que se violó la ley penal y también se desoyó lo previsto en la Constitución Provincial, que dice: “Cualquier disposición adoptada por las autoridades en presencia o a requisición de la fuerza armada o reunión sediciosa que se atribuya los derechos del pueblo es insanablemente nula”.

La sociedad entera ha emitido un categórico juicio de condena respecto de estas prácticas bárbaras y extremistas.

Es la Justicia la que, en la ejecución de su alta función de preservar el bien común, garantizar la paz social, asegurar los derechos de los ciudadanos y reprimir las conductas ilegales, deberá pronunciarse respecto de la responsabilidad que le cabe a cada cual.

Hemos sido protagonistas involuntarios de un inmerecido ataque en un escenario apocalíptico. Y en el marco de esta grave situación, ha brillado por su ausencia un Estado, tanto a nivel provincial como nacional, incapaz de garantizar el adecuado funcionamiento de un servicio esencial, cuya prestación fue salvajemente supeditada a la superación de un conflicto salarial.

Debe entenderse que donde hay una necesidad, existe un derecho, y si el Estado está ausente, es la sociedad entera la que termina soportando las consecuencias dañosas que, cada vez con más frecuencia, terminan siendo irreparables.

Se debe aspirar a un auténtico y real Estado de derecho, en el cual la estructura legal brinde un marco jurídico a las acciones de sus integrantes. La hora de la Justicia ha llegado, en aras de preservar el bien común y asegurar la vigencia de un real y no virtual mundo civilizado.

*Abogado, escribano