La falacia política, película repetida

El jueves 5 de junio, se publicó en esta página una nota del legislador provincial Ricardo Fonseca referida al tema de la deuda pública y los fondos específicos. Nuevamente, escribe –o dice escribir– con reiterada mala fe, dando por cierto aseveraciones por el mero hecho de haber sido pronunciadas por un profesor universitario. En la nota, plantea supuestos interrogantes sobre el destino de los fondos específicos de la Provincia, como si quisiera crear fantasmas, afirmando que los montos recaudados y no gastados por un fondo específico se usarían con un destino distinto del que marca la ley.Sin embargo, le digo al legislador que si le dedica unos minutos a leer la cuenta de inversión y los sucesivos presupuestos de la Provincia, podrá rápidamente comprender cómo es el funcionamiento de estos fondos, en cumplimiento de la normativa vigente: los fondos no ejecutados en un período son incorporados al presupuesto del ejercicio siguiente, con el concepto "remanente de ejercicios anteriores".De ninguna manera pueden ser utilizados para fines distintos de los establecidos en cada una de las leyes de creación de los respectivos fondos, ya que ello implicaría un delito, por lo que invito al legislador a poner el caso a disposición de la Justicia.La información que permite sacar estas conclusiones es publicada regularmente por el Gobierno de la Provincia, con el máximo grado de detalle.

El legislador representante del Frente Cívico recurre de nuevo a falacias para pretender demostrar que la deuda pública es superior a la publicada por el Gobierno y certificada con normas internacionales de calidad.

La deuda flotante no puede calcularse, desde ningún punto de vista, como la diferencia entre el nivel de gasto comprometido y el pagado. En cualquier lugar del mundo, y utilizando cualquier definición, el “compromiso” de un gasto público importa una obligación del Estado, pero de ninguna manera es una deuda si no se ha realizado aún la obra o prestado el servicio; de lo contrario, en enero tendríamos como deuda flotante los 11 meses siguientes de sueldos. Un absurdo.

Recurriendo a un hecho cotidiano, la firma de un contrato de un particular con una empresa de telefonía celular, que exija un año de permanencia, implica para el cliente un “compromiso”, pero de ninguna manera tiene una “deuda” por los abonos de 12 meses, sino que la deuda se genera mes a mes, cuando el servicio sea prestado.

La misma lógica se utiliza para el análisis de la deuda flotante del Estado, pues si lo comprometido fuera un pasivo, habría que computar como activo la recaudación futura que va a permitir cancelar el gasto cuando se preste el servicio o se realice la obra.

Como he demostrado en debates en el recinto –con cifras y gráficos–, la deuda pública de la Provincia ha caído de manera sistemática en términos reales.

En 2003, esta representaba 2,05 presupuestos –es decir 24 meses y medio de recaudación– y en 2013, sólo 0,38 presupuestos, o sea cuatro meses y medio de dicha recaudación, con una disminución de 81,5 por ciento.

Si lo medimos en términos de producto bruto, en 2003 representaba el 26,6 por ciento del producto geográfico bruto (PGB) y en 2013, el 7,2 por ciento, o sea 73 por ciento de disminución.

Otra falacia oculta en el relato del legislador es cuando sugiere –en sus notas periodísticas y en sus intervenciones legislativas– que existen dudas sobre las cuentas públicas y las intenta contrastar con una supuesta conducta transparente de su partido en este sentido.

Sin embargo, en la única oportunidad que al Frente Cívico le tocó gobernar la Capital provincial, la información sobre las cuentas municipales estuvo muy lejos de demostrar esa transparencia, o quizá no podían dar a conocer números de una administración que “quebró” económica y financieramente a la ciudad por décadas.

Otra falacia del legislador tiene que ver con la omisión intencionada de mencionar los reconocimientos que en materia de transparencia de la información pública ha obtenido la Provincia de Córdoba por parte de organismos nacionales e internacionales, y que han sido publicados por este diario.

Pero, a pesar de que la Nación agrede a la Provincia negándoles fondos a los jubilados cordobeses, los recursos para la construcción de viviendas (hogar clase media) o los necesarios para las rutas nacionales, de las que debe hacerse cargo la Provincia (autovía Córdoba-Río Cuarto), etcétera, a pesar de todo ello, Córdoba avanza.

Las cuentas públicas al 30 de abril pasado lo muestran de forma clara, tal como se publicó en este medio: la deuda pública disminuyó 169,4 millones de pesos respecto del mes anterior, el ahorro corriente es de 2.174,2 millones de pesos, el superávit financiero asciende a 1.743,3 millones de pesos y la inversión real directa (obra pública) sigue en ascenso.

Todo esto podemos conocerlo ya que desde abril la Provincia comenzó a publicar planillas de ejecución presupuestaria mes a mes.

*Legislador provincial por Unión por Córdoba