¿Justicia partidaria o partidarios de la Justicia?
En un país con una auténtica república democrática (lo que implica una verdadera división de poderes), es fundamental tener seguridad jurídica, ya que esta genera tranquilidad interna (entre los propios ciudadanos) y externa (inversiones).
El Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado y pilar fundamental para el sostenimiento de la democracia, ya que es el encargado de controlar la legalidad de los otros dos poderes que conforman el sistema republicano de gobierno (Ejecutivo y Legislativo). Además, debe garantizar el ejercicio de nuestros derechos cuando estos son violados, protegiendo nuestra integridad física y patrimonial.
En síntesis, los jueces, a través de las sentencias –como decía San Agustín–, deben “dar a cada uno lo suyo”. Pero para conseguir este objetivo es imprescindible una Justicia realmente independiente, sobre todo en los más altos estrados, ya que de poco vale un juez independiente de primera instancia si luego, a través de apelaciones y casaciones, se llega a magistrados que se encuentran comprometidos políticamente y, por lo tanto, sus fallos pierden credibilidad.
Hay que recuperar la fe y la confianza en la Justicia, y para eso hace falta creer en los encargados de impartirla. Sólo a través de los ejemplos lo conseguiremos. Será una tarea ardua, pero no imposible. Debemos hacer el esfuerzo como sociedad en su conjunto; no nos hagamos los distraídos: los jueces y los políticos son parte de nuestra comunidad, no nacieron de un repollo ni la cigüeña los trajo de París.
Asumamos nuestra cuota de responsabilidad, hagamos una gran autocrítica, aceptemos nuestros errores y recién entonces estaremos en condiciones de intentar formar una nueva República con cimientos fuertes, para que los “fallos” de la Justicia se conviertan en “aciertos”. Y con jueces idóneos e independientes (que los hay y muchos) podamos acatar en silencio y con respeto las decisiones judiciales, cuando estemos convencidos de que los jueces aplican el derecho de acuerdo con su leal saber y entender, actuando siempre con tranquilidad de conciencia y ecuanimidad.
No debe importar tanto la “repercusión social” de un hecho sino el “daño social”, y una justa sentencia debe ser la que lo repare.
En un país con una auténtica república democrática (lo que implica una verdadera división de poderes), es fundamental tener seguridad jurídica, ya que esta genera tranquilidad interna (entre los propios ciudadanos) y externa (inversiones).
En síntesis, y como todo depende de nosotros, tratemos de revertir la tendencia de los gobiernos de turno a tener una Justicia partidaria y transformarnos en partidarios de una Justicia independiente, para lograr alcanzar el objetivo final, que es el bienestar general de toda una sociedad.
*Abogado, director de la revista “Nosotros y la realidad”, de Villa Allende.

