Irrumpen elefantes en el bazar

La Provincia de Córdoba es la más endeudada de todas en relación con su producto bruto geográfico. Dicho pasivo público equivale al total de un presupuesto anual. A ello se agrega que no mantiene vínculos muy cordiales con el Gobierno nacional. Tal circunstancia se trasunta respecto de la cobertura del desequilibrio existente en el sistema local de jubilaciones y pensiones. Este cuenta con la contribución de aproximadamente el doble de activos que pasivos, los cuales, en vez del 11 por ciento vigente a nivel federal, erogan mensualmente 18 por ciento de sus haberes.Esa diferencia se ha establecido para financiar mayores beneficios, derivados de la forma de calcular la primera jubilación o pensión, lo que permite optar por la más elevada relación que se establece a través de la remuneración de los activos (82 por ciento) y la cantidad de años de aportes requeridos.En 2009, frente a la muy difícil situación financiera que afrontaban los fiscos locales, la Nación encaró un operativo destinado a absorber sus respectivas cajas de jubilaciones. Aplicó a tal fin un tratamiento semejante al que rige para sus propios afiliados originarios.A esta iniciativa se adhirieron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 10 provincias más, liberándose desde entonces de atender un rubro que los abrumaba. Las restantes 12 optaron por mantener el esquema preexistente, pues para acogerse a esa eventual transferencia y unificación hubieran tenido que realizar en cada una de ellas reformas constitucionales. Armonización. En Córdoba, el artículo 16 –apartado 4– de la Constitución autoriza a "concertar con el Gobierno federal regímenes de coparticipación impositiva y de descentralización del sistema previsional", pero en el título segundo –capítulo primero–, a partir del artículo 55 y muy específicamente en el 57, prevé la existencia de su propio "régimen previsional general". Este abarca a los empleados del sector público provincial y de los municipios, más organismos que, con semejante finalidad, cubran a los que ejercen distintas especialidades.Bajo tales lineamientos, existen en el primer caso alrededor de 95 mil beneficiarios y el doble de aportantes, mientras las diversas cajas profesionales suman alrededor de otros 30 mil y la contribución de unos 120 mil.Para comparar su muy variable extensión, cabe referir que los pasivos insertos en el régimen nacional, con domicilio en nuestra jurisdicción, ascienden a casi 500 mil.Entre la Nación y Córdoba, al igual que con todas las demás jurisdicciones que mantienen sus esquemas locales, aquella comprometió el envío de fondos calculados sobre la base de aplicar el federal, y corre por cuenta de cada una financiar la diferencia resultante, aunque sujeto a una futura compatibilización.Dicho acuerdo abarcó los ejercicios 2010 y 2011, pero se concretó sólo con el primero de ellos. Respecto al segundo, no le han girado ni un peso, alegando que la Provincia no cumplió con la condición de alinearse a las normas nacionales.Esto es parcialmente cierto, dado que en muchos aspectos sí lo hizo, e incluso en mayor medida que otros fiscos. Sin embargo, la Nación no puede constituirse en juez y parte.Esta restricción también sufrió Santa Fe, y hace unos seis meses acudió a la Corte Suprema de Justicia –única instancia constitucional– para conseguir las referidas remesas.Córdoba, por razones no muy claras, esperó bastante más tiempo –hasta el 6 de agosto pasado– aunque el máximo tribunal, con una diligencia nada habitual, convocó a las partes a una audiencia de conciliación a realizarse el 10 de septiembre próximo. Otras iniciativas sorprendentes. Cabe advertir que, aun logrando que hagan los pagos pendientes en un plazo relativamente breve, la administración pública cordobesa no dejaría de afrontar una aguda carencia de recursos. Ese importe, sumado a lo que correspondiera por el lapso enero-julio 2012, podría proveerle sólo un alivio temporario, pero no corregiría las falencias que trae de arrastre.Tal circunstancia explica que, en forma simultánea, haya decidido reclamar que dejen de retenerle el 15 por ciento de la coparticipación (ley número 23.548) que el acuerdo de 1992 le autoriza restar a la Nación para viabilizar la vigencia y actualizaciones del régimen jubilatorio nacional.En aquel momento, permitió elevar el haber mínimo de 150 pesos a 200 pesos, mientras la Nación arguye que todos los ajustes y actualizaciones posteriores vienen realizándose con esa fuente adicional incluida.Por otra parte, el mencionado acuerdo no prevé la posibilidad de una ruptura unilateral y, por lo tanto, esa pretensión no sería legalmente viable.Pese a ello, además, la Provincia pretende crear una supuesta "tasa" vial (un impuesto burdamente disfrazado) que recaería sobre el consumo minorista de combustibles líquidos (0,30 pesos por litro) y gaseoso (0,10 por metro cúbico), quizá con alguna ligera variante, en busca de recaudar 500 millones de pesos.Desde 1958, cuando se dictó el decreto-ley número 508, norma ratificada por todos los fiscos de provincias mediante sendas leyes, estos renunciaron a aplicar tributos locales de cualquier especie sobre combustibles.Afirma que la iniciativa actual está respaldada en las atribuciones propias que se otorgan al gobernador según el artículo 144, pero obvian tomar en cuenta que en el inciso 2 se establece que "participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución..." En esta emergencia, es obvio que la transgrede en forma flagrante.Una actitud de esta naturaleza desnuda el grado de desesperación que ha invadido a los miembros del Poder Ejecutivo provincial, a punto tal de no evaluar debidamente cuál puede ser la reacción del Gobierno nacional.Es difícil que este se mantenga impertérrito, pues ello podría alentar a otras provincias a que opten por seguir ese errado y peligroso camino.Lo más probable es que sobrevenga una dura respuesta, que puede llegar a interrumpir toda la coparticipación, lo cual implica, en 2012, un 62 por ciento de los recursos provinciales.Tampoco debe olvidarse que alrededor de 80 estaciones están muy cercanas al límite con las cinco provincias vecinas en las cuales se podrán cargar combustibles sin semejante "agregado", y ello puede llevar hasta a la quiebra de las locales. ¿Habrán medido todo eso?

*Profesor de posgrado de Ciencias Económicas de la UNC