Fragmentación y decadencia del Estado provincial

Si el destino no dispone lo contrario, en 2019 el peronismo habrá gobernado la Provincia durante dos décadas ininterrumpidas, con los mismos métodos que convirtieron a Córdoba en un Estado semifeudal. No porque sus dos gobernadores designaran a sus respectivas esposas en altos cargos oficiales, apenas un detalle menor, sino porque demolieron las instituciones republicanas para reemplazarlas por una incontrolable trama de órganos y asociaciones corporativas, factor directo y decisivo, entre otros, que contribuyó a profundizar la crisis cada día mas visible.No debe sorprender, entonces, que se hayan construido caminos y edificios de manera improvisada e irresponsable, o que se desarrollara el frívolo y costoso plan de construir un hotel de lujo en la ribera de Mar Chiquita o que se tomara deuda que compromete la totalidad de los recursos de tres presupuestos.Pero más grave es que el Estado peronista cedió sus responsabilidades eminentes –garantizar el bienestar general y la seguridad– a una legión de corporaciones que, al margen y aun contra la ley, imponen sus intereses facciosos sobre el conjunto de la sociedad.Entre ellas, y sin agotar la nómina, se destacan las llamadas agencias, los sindicatos de empleados del sector público y el ministerio al que el artículo 172 de la Constitución le atribuye con exclusividad la promoción de las acciones judiciales en defensa del interés público.Las agencias actúan como un Estado paralelo. No están sometidas a la observancia de las reglas contables y presupuestarias de la administración central y disponen de forma discrecional de sus ingresos y egresos. Su labor es sigilosa y pocos conocen los resultados de sus planes. Han sido, por lo general, vanos los esfuerzos legislativos para conocerlos y evaluarlos.

Otro Estado paralelo –o, más bien, un supraestado– es el de los sindicatos de empleados del sector público y de los servicios esenciales.

Son los que con huelgas, paros sorpresivos, retenciones de servicios, asambleas y hasta sabotajes que causan daños a los bienes comunes, deciden cuándo los escolares pueden asistir a clases, los enfermos concurrir a los hospitales, la población utilizar los servicios básicos y transitar libremente.

A este sindicalismo intolerante y agresivo, los convencionales de 1987 le otorgaron la facultad de participar en la determinación de las remuneraciones que deben percibir los empleados públicos, quitándole a la Legislatura la potestad de aprobar o desaprobar las sumas que el presupuesto anual destina para esos fines, si no media conformidad de la autoridad sindical.

Esta disparatada disposición fue reglamentada por una ley de 1992 que le impuso a los poderes públicos –con excepción del Poder Judicial– la obligación de celebrar convenciones colectivas con los gremios. De ese modo, el Estado quedó equiparado a la condición de empleador del sector privado.

Otro Estado paralelo es el Ministerio Público, al que la Constitución provincial le confiere con exclusividad “la facultad de preparar y promover la acción judicial en defensa del interés general y de los derechos de las personas”.

Hasta 1987, cuando se reformó el texto de la Constitución vigente desde 1923, esa facultad era ejercida por el llamado fiscal General, que integraba el Poder Judicial. Era la garantía de imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

Fue entonces cuando la fértil pero errónea imaginación de los convencionales acudió a esta indescifrable figura retórica: denominó al Ministerio Público como extrapoder.

A buen entendedor, pocas palabras: es un organismo que actúa fuera del sistema constitucional, cual si fuera un cuerpo celeste que vaga por el espacio sin conocerse a ciencia cierta cuál es su rumbo.

Como los fiscales subalternos dependen del fiscal General y deben someterse a sus instrucciones, carecen de independencia. De allí que, si el fiscal General considera y ordena que se investigue al o a los autores, la causa se instruye. De lo contrario, se archiva, sin más.

Por eso, no es un capricho que la opinión pública barrunte que cuando está comprometido un funcionario en la comisión de un ilícito, se opte por el segundo camino, esto es, por el archivo de las actuaciones.

La desintegración del Estado se completó con la decisión de radicales y de peronistas de eliminar el Senado como cuerpo legislativo.

Hasta el 2000, la llamada Cámara Alta prestaba acuerdo para la designación de magistrados y se encargaba de controlar las decisiones de la Cámara de Diputados, para impedir que mayorías electorales circunstanciales pudieran imponerlas sin más trámite.

La honda crisis que afecta a la Provincia no debe asombrar. No es un relámpago que estalla en un día soleado. Fue provocada por la ejecución del plan antes descripto, inspirado por el corporativismo que intoxicó a la sociedad.

Plan que ha sido tolerado y profundizado por muchos funcionarios, legisladores, cátedras universitarias, magistrados judiciales, asesores y dirigentes políticos que carecen de la debida preparación para darse cuenta de que con sus consejos y sus decisiones terminaron reemplazando el Estado republicano por el actual Estado corporativo.

En otro contexto histórico, ante la descomposición moral y política de la antigua Roma, Cicerón dijo estas palabras, que bien pueden aplicarse a la realidad contemporánea: “No hay mayor plaga que la imaginación sin talento y la omnipotencia sin sentido”.

* Abogado