Fin de año sin tregua
El propósito no es otro que garantizarse la gobernabilidad hasta 2015; o sea, impedir que el desgaste pueda hacer realidad el fantasma de una entrega anticipada del poder.
Un auténtico hervidero. Así podría definirse la actividad en la Casa Rosada en la mañana del viernes. A primera hora, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, le salió al cruce al informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) según el cual hay 10 millones de argentinos pobres, cinco veces más que los dudosos números del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).Después, desde el Ministerio de Economía, junto al titular de Planificación, Julio de Vido, volvió a responsabilizar a Edenor y Edesur por los cortes en el suministro de electricidad en Buenos Aires y advirtió a las empresas, por segunda vez en la semana, que si no se hacen cargo del servicio, el Estado les quitará la concesión.De vuelta en la Casa de Gobierno, firmó el acuerdo de refinanciación de deudas con las provincias. Mientras, el titular de Interior, Florencio Randazzo, se aprestaba a explicar el aumento de 66 por ciento en las tarifas del transporte público metropolitano. Datos de un fin de año sin tregua para la Nación.Tras la magra cosecha electoral de octubre, la administración de Cristina Fernández parece empeñada en atender problemas –algunos recurrentes, otros de postergada data– para afrontar los dos años que le restan.Su propósito no es otro que garantizarse la gobernabilidad hasta 2015; o sea, impedir que el desgaste pueda hacer realidad el fantasma de una entrega anticipada del poder. De eso también depende la incidencia que pueda tener el kirchnerismo en la elección del candidato justicialista. Por ese motivo, la Presidenta misma fue quien una vez más descartó que pretenda aspirar a cargo electivo alguno en 2015.Enmendar políticasCorregir, dar marcha atrás, aun contrariando el discurso y a partir del imperio de los hechos, ha sido una cualidad del pragmatismo peronista de los gobiernos kirchneristas. Los pasos de las últimas semanas, tras los cambios de gabinete, parecen rumbeados en el sentido de enmendar políticas.El aumento en la tarifa del transporte público metropolitano apunta a disminuir la carga de subsidios. Del mismo modo comenzó a hacerse con el transporte ferroviario de pasajeros, cuya fragilidad fue puesta al descubierto por la tragedia de Once.La distribución de energía eléctrica en la región metropolitana es un caso similar. Los subsidios a las tarifas contribuyeron a un consumo desmedido de parte de los usuarios y, sin control alguno del Estado, Edenor y Edesur justificaron en esa desactualización tarifaria la falta de inversiones en las redes de distribución, para atender una demanda excepcional dos o tres semanas por año. Pasados estos días de infierno, el Gobierno tendrá que encarar esta cuenta pendiente.De atender pendientes se tratan, también, otras decisiones en materia económica. Requerido de recursos externos para el financiamiento de obras de infraestructura, el Gobierno ha dado pasos hacia la normalización de la relación con los organismos financieros. En positivo"Construir una agenda positiva", insisten en subrayar el jefe de Gabinete y el ministro de Economía, Axel Kicillof. El anuncio de que se destinarán 168 mil millones de pesos de créditos para la inversión productiva fue bien recibido por parte de los empresarios y los sindicatos.El mismo propósito parece tener la refinanciación de deudas anunciada el viernes, que supondrá un alivio significativo para las 17 provincias firmantes: un ahorro de 11 mil millones de pesos en 2014.El aporte, un mix de condonación de deudas con postergaciones trimestrales de obligaciones, apunta a reforzar las arcas provinciales, previsiblemente expuestas en 2014 a las presiones salariales de sus empleados públicos, a raíz de los aumentos de por lo menos 30 por ciento y en algunos casos hasta 60 y 70 por ciento, como lo que consiguieron las policías rebeldes.Pero no será gratuito para los gobernadores. La renovación trimestral de las postergaciones de pagos estará supeditada al cumplimiento de metas que supervisará la Nación. Entre ellas, también las salariales, que tendrán su referencia en el 20 por ciento de aumento con que el Gobierno nacional buscaría cerrar las próximas paritarias.No cabe pensar, por lo tanto, que los gobernadores puedan contar con ese dinero para pagar los incrementos con los que apagaron la rebelión policial. En ese sentido, Capitanich bajó línea cuando dijo que todos los gobernadores tendrán que hacer lo que hizo su segundo en el Chaco: desconocer los acuerdos salariales arrancados "bajo extorsión". No pocos en la Rosada pensaron en José Manuel de la Sota cuando el jefe de Gabinete marcó esta estrategia.

