El verdadero huevo de la serpiente

Esto no es religión ni poesía. La impunidad de los delitos del poder es la matriz de la decadencia argentina. Es cierto que en todos los países se roba desde el poder o para el poder, pero la particularidad de la Argentina es que aquí no hay castigo para la corrupción.

Las deudas de la democracia argentina siguen siendo las mismas: impunidad de la corrupción, alta desigualdad social en el ingreso y creciente inseguridad ciudadana. Y no son fenómenos independientes. La alta corrupción inevitablemente genera una injusta brecha distributiva del ingreso y una creciente inseguridad ciudadana.

El falso progresismo debe saber que no hay inclusión social alguna en sociedades con alta corrupción y que no se puede hablar en serio de una política de seguridad en un país con alta impunidad de delitos del poder.

Dos cosas elementales son claras: la corrupción es siempre un delito del poder, que jamás beneficia a los pobres, y la seguridad ciudadana es el nuevo paradigma de los derechos humanos en el siglo 21.

Nuestros economistas y nuestros empresarios tendrán que escapar alguna vez de su liviana y pequeña visión de la corrupción y entender que es un hecho central de la economía. Que la zona económica de corrupción integrada por activos lavados del soborno, la evasión, el narcoterrorismo y la trata de personas, en países con alta corrupción, alcanza al 20 por ciento del producto interno bruto (PIB).

En el nuevo escenario político que se abre en la Argentina, este diagnóstico que une corrupción, inseguridad y desigualdad social debería ser objeto del primer consenso para un nuevo modelo de país.

Argentina figura hoy en el cuadro de honor de la corrupción. Su distribución del ingreso medida por el coeficiente de Gini nos coloca entre los países de mayor injusticia social. Y allí están las dos explicaciones de la creciente inseguridad ciudadana que padecemos los argentinos.

Por cierto que el falso progresismo K negará esta tesis, porque ella implica reconocer dos realidades que deben ser ocultadas. Que la seguridad ciudadana es un derecho humano y que prevalece sobre la protesta social violenta, y que en la “década ganada” no se logró inclusión social compatible con el crecimiento económico.

El aumento de penas no sirve. Las políticas de seguridad basadas en el aumento de penas no sirven de nada. Las tristes leyes Blumberg así lo demostraron. Pero tampoco sirve de nada una política de seguridad que no tenga en cuenta como dato central de la inseguridad a la corrupción política y económica y a su brutal impunidad. Garantizar seguridad ciudadana sólo se logrará con "tolerancia cero" a la corrupción.

Es de brutal sentido común entender que los delitos de la calle (que son delitos) no van a disminuir jamás mientras no disminuya la impunidad de los delitos del poder. Mientras Ricardo Jaime siga libre y Amado Boudou siga presidiendo el Senado de la Nación, habrá inseguridad ciudadana creciente. El crimen de la calle se mira en el espejo de los crímenes del poder. Por cierto que en esta impunidad del poder que vivimos los argentinos mucho tienen que ver los jueces del poder. Los delitos del poder son siempre perdonados por los jueces del poder.

Una costumbre liviana. Parece increíble que los jueces penales argentinos no apliquen el artículo 36 de la Constitución Nacional. Se trata de uno de los aportes más relevantes de la reforma constitucional de 1994. Es una norma de política constitucional que criminaliza por primera vez en la historia argentina a los golpes militares y que coloca al mismo nivel de delito penal contra el orden democrático a los actos de corrupción graves y dolosos.

Son dos tipos delictuales autónomos contra el orden democrático con conductas delictuales que se definen con claridad. Y las acciones provenientes de estos dos delitos son declaradas imprescriptibles. Se trata de una norma constitucional operativa y autosuficiente. Los jueces argentinos no tienen otra obligación que la de cumplir con ella y aplicarla.

El artículo 36 de la Constitución Nacional no necesita de norma penal o procesal reglamentaria alguna para su aplicación. Es una típica norma autoejecutoria. Y sin embargo, los delitos de Jaime se declaran prescriptos y los de Boudou, IBM, Skanska y Siemens, también.

No se trata de una simple ignorancia judicial del derecho. Se trata de un pensamiento jurídico tradicionalista con mucho miedo al poder y con ningún respeto por las víctimas de los delitos de corrupción que somos los ciudadanos de a pie.

La Corte Suprema de la Nación debería hablar y nuestra clase dirigente exigir que esta norma se aplique. El derecho argentino necesita reconciliarse con la realidad y la Justicia argentina necesita reconciliarse con la sociedad.

Castigar la corrupción no sólo es cumplir con una norma constitucional autosuficiente, sino que también implica devolverle a la sociedad confianza en la ley y en la Justicia y garantizarle mayor seguridad ciudadana.

*Diputado nacional (mandato cumplido), expresidente de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados.