El silencioso flagelo de la impunidad

L a anestesia social y naturalización de las peores prácticas retroalimenta la impunidad. Mientras más profundo es el espiral del desinterés, más hondo cala la sensación popular de que "a los poderosos nunca les pasa nada" o "en este país ningún político va en 'cana'". Así se adormecen los controles sociales, se desatienden los detalles, desaparece el estándar ético esperable. Los medios juegan su ficha, mientras asusta y desespera observar cómo la mayoría impávida tolera que un juez de la Nación reciba un llamado in extremis de un funcionario y desvíe un allanamiento. Cómo en la provincia de Córdoba se reproducen los suicidados en inexplicables circunstancias. Cómo en la capital de la provincia, las denuncias por desmanejo de fondos públicos se suceden cada día. O cómo en una importante localidad del valle de Punilla, un pequeño grupo de incorruptibles "trasnochados" enjuician políticamente a un intendente deshonesto, temiendo que la sociedad no acompañe porque años de frustraciones pergeñadas por la corporación política gobernante ya hicieron demasiada mella en su ciudadanía. Yevgeny Yevtushenko, poeta y pensador ruso, dijo: "Llegará un día en que nuestros hijos, llenos de vergüenza, recordarán estos días extraños en los que la honestidad más simple era calificada de coraje".Que se padece una situación de pérdida generalizada de confianza en el actual sistema, no es nada novedoso. Hoy la crisis es de una dimensión sociocultural profunda, que termina descubriendo las peores miserias éticas particulares y la falta de moralidad pública de los funcionarios, entendida como moral laica a la que refería Emile Durkheim: "Es esta moral la que permitirá el funcionamiento de las sociedades internamente diferenciadas, ya que a la particularidad de cada sujeto se le antepondrá siempre un objetivo social que dé sentido a la propia vida individual".Si no encontramos y construimos de manera colectiva una alternativa para revertir este diagnóstico y el concepto de moral pública se convierte en una pieza de museo, si la honestidad no se interioriza como parte de la escala de valores que nos debe representar a todos, el silencioso flagelo de la impunidad terminará de corroer los pobres pilares de nuestra tan duramente construida sociedad democrática.

El anhelo de justicia, verdad y memoria 
–que sostuvo la heroica lucha de los organismos de derechos humanos por las víctimas del terrorismo de Estado en nuestro país– debe ampliarse al desafío fundacional de reconstruir nuestras instituciones en torno de la transparencia de los actos de gobierno.

Así como valoramos que la vigencia y el ejercicio de los derechos fundamentales nos fuera alumbrando un modelo de construcción, una permanente referencia práctica de nuestro accionar social, no debiéramos permitir que se abandone ese paradigma a la hora de justipreciar las conductas públicas esperadas.

La necesidad es que los proyectos políticos que pretendan gobernar los distintos niveles públicos persigan la ejemplaridad; demuestren en la praxis una intransigencia de los valores fundacionales de las instituciones democráticas y de convivencia social; utilicen y promuevan como herramienta fundamental y pedagógica de ciudadanía el debate y la participación.

Todo lo cual resulta imprescindible para encontrar el disparador de una nueva actitud que nos permita crecer como socieda d, más digna, más justa y más democrática.

*Abogado, presidente de la Asociación Arturo Orgaz