El disparate de la reelección y la Carta que nunca llegó a destino

Córdoba es la ciudad más extensa del país –576 kilómetros cuadrados–, con una superficie superior al doble de la que tiene Capital Federal y, después de ésta, la segunda más poblada de la Argentina (1.309.536), con más habitantes que 18 provincias argentinas y nueve estados norteamericanos. Dictó su primera Carta Orgánica Municipal el 6 de noviembre de 1995, que declaró que sus vecinos son los "protagonistas y artífices de la vida cotidiana y el destino común de la ciudad" (artículo 15). Los pésimos gobiernos que se sucedieron hicieron que los cordobeses no recibieran este mensaje. Fue positiva, al crear el cargo de viceintendente; obligar a los candidatos a intendente y vice a encabezar las listas de concejales para que pudieran serlo si no eran elegidos para aquellos cargos; y permitir a los ciudadanos marcar la preferencia en la lista de concejales y evitar así las "listas sábana". Esto se frustró en la reglamentación, porque el nombre de los candidatos preferidos había que escribirlo de puño y letra en otra boleta, lo que atenta contra el secreto del voto y porque se exigió un número mínimo muy alto de preferencias para cambiar el orden. Fue negativa , en cambio, al establecer el voto desde los 16 años, ya que a los adolescentes no les interesó inscribirse en el padrón; el piso del dos por ciento de votos para acceder al Concejo Deliberante, que proscribió a partidos menores; aumentar, sin necesidad, de tres a cinco los vocales del Tribunal de Cuentas, y mantener el Tribunal Administrativo de Faltas, creado por un gobierno militar, contrariando a la Constitución Nacional, que sólo prevé un Poder Judicial Federal y otro provincial y no reconoce la autonomía judicial de los municipios. Fue letra muerta, en tanto, establecer el Consejo Económico Social; las Juntas de Participación Vecinal, integradas por representantes de los centros vecinales; elecciones internas abiertas; mecanismos de participación como el voluntariado, la iniciativa, la consulta popular, el referéndum y la revocatoria; conceder personería jurídica a los centros vecinales, potestad que ostenta la Provincia, y declarar el ingreso de empleados por idoneidad y concurso, ya que se superpobló la administración con personal contratado, interino, monotributistas y beneficiarios de planes sociales, que periódicamente se incorporan a planta permanente. Hubiera sido bueno crear la Defensoría del Vecino, el Historiador de la Ciudad y los consejos de la Juventud, de la Mujer, de los Centros Vecinales y de los Partidos Políticos. Ofensiva de Giacomino. El actual intendente Daniel Giacomino presentó una acción judicial para ver si puede ser reelegido, lo que es un disparate, porque: No tiene apoyo de los vecinos. La Carta Orgánica establece que el intendente y su vice: "(…) si han sido reelegidos o se han sucedido recíprocamente no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos sino con el intervalo de un período" (art. 83). Giacomino no puede ser reelegido porque fue viceintendente en el gobierno anterior, aunque renunció a mitad del mandato para ser diputado nacional. La absurda interpretación del intendente haría siempre posible la reelección, con la sola renuncia, antes de finalizar un período, de quien la pretenda. Invocar, a su favor, que la Carta dice, respecto de los concejales y vocales del Tribunal de Cuentas, que "pueden ser reelegidos por una vez consecutiva y debe pasar un período completo para su nueva elección" (artículos 51 y 91) es absurdo ya que lo del "período completo" se refiere al que sigue a los dos permitidos. La reelección de Giacomino sólo sería posible si se reforma la Carta, lo que es improbable por su pobre gestión y por lo que pasó con Eduardo Angeloz y con el gobernador de Misiones Carlos Rovira, quien fue derrotado en las urnas por monseñor Joaquín Piña en 2006. Lo que falta. En cambio, no estaría mal debatir una reforma de la Carta, no para la reelección, sino para decidir: Descentralizar el gobierno municipal, como en las grandes urbes de América, y dividir la ciudad en comunas, para que las gobiernen alcaldes y juntas de vecinos, elegidos por el pueblo, con sede en los consejos de Participación Comunal (CPC) y con atribuciones para resolver los problemas barriales. Reglamentar la negociación con los sindicatos, que han tenido presos a los últimos intendentes, y autorizar en los conflictos la intervención del Ministerio de Trabajo provincial. Suprimir la Justicia Municipal de Faltas y hacer que los jueces provinciales juzguen las contravenciones y faltas municipales. Pasar las escuelas municipales a la Provincia y los Bomberos y parte de la Policía al municipio. Hacer posible convenios con los municipios de la zona metropolitana para regular servicios comunes y fijar sus límites. Prohibir que se deleguen facultades al Ejecutivo en los presupuestos, y hacer que se cumpla con los participativos. Decidir qué hacer con la noche, el transporte, la basura y con las deficitarias empresas Tamse y Crese. El reciente aniversario nos debe hacer pensar de nuevo en la Córdoba que queremos. El desarrollo que en los últimos tiempos ha tenido Rosario –que pretende disputar el liderazgo a Córdoba– nos debe estimular para trazar una nueva estrategia de desarrollo y para reorganizar y descentralizar el gobierno de esta gran ciudad, para ponerlo más cerca de los vecinos.