El debate político como bien público

Nuestra democracia parece haber entrado en las últimas semanas, una vez más, en lo que se ha dado en llamar "el debate sobre los debates". En época de elecciones, cuando se pone en juego nada más y nada menos que el poder, todo se vuelve terreno de especulaciones. Si hacer las elecciones provinciales en la misma fecha que las nacionales; si sacarme una foto con tal o cual personaje; si participar de un debate o no, forman parte de esos análisis. El debate depende hoy de la voluntad de los candidatos y del cálculo táctico en función de los impactos que ese cruce de opiniones pueda tener en sus chances electorales. Asistimos así a la privatización del debate. Por un lado, que los ciudadanos podamos tener la posibilidad de sopesar los argumentos y las propuestas de los candidatos depende de los cálculos tácticos de algún jefe de campaña. Esos cálculos no sólo condicionan la mera posibilidad del debate, sino también sus formas y sus reglas. En segundo lugar, "el debate sobre los debates" también pone en cuestión el cómo y el dónde. Unos candidatos no quieren debatir en tal medio y otros no quieren ser moderados por tal o cual periodista. En la era de la batalla entre "periodistas militantes" y "periodistas independientes", nuestra democracia parece haberse quedado sin ágora. Carecemos entonces, como sociedad, de ese espacio público en el cual nos reunimos a debatir sobre los asuntos colectivos y a tomar decisiones. Reconocer al otro.El debate político es la esencia de la democracia y de la superación de la tiranía de la mayoría. En una democracia madura, la mayoría no implica la negación del otro ni, por ende, de los argumentos del otro. Implica una forma de resolver el conflicto entre visiones diferentes sobre los asuntos públicos. Pero desde el momento en que dichos actores portadores de tales visiones aceptan someterse a la regla democrática, reconocen la validez del otro y de su visión. Aceptan el diálogo. Aceptan argumentar, aceptan escuchar argumentos y, en algunos casos, contraargumentar. En suma, aceptan el debate. Ahora bien, es difícil creer posible el debate sin un espacio propicio para él. Organizar un programa de televisión en el que sólo invito a "monologar" a los que piensan como yo, no es debate. Es propaganda.El debate como bien público está amenazado, está puesto en cuestión. Por un lado, por los cálculos tácticos de quienes compiten en las elecciones y temen perder votos o dar ventajas si van a un debate. Pero, por otro lado, el problema es más profundo. El problema es que no nos caracterizamos por ser precisamente una sociedad tolerante, dispuesta a discutir de manera racional y pacífica sobre sus diferencias y a buscar consensos. Es difícil pensar en una democracia sustantiva sin sujetos democráticos. Si los candidatos pueden especular sobre la ventaja o no de ir a un debate, es justamente porque a amplios sectores del electorado, que haya o no debate no les importa demasiado. Si fuésemos un electorado sensible a esas carencias y la ausencia del debate fuera tan importante como poder comprar una televisión de LCD en cuotas, es probable que los candidatos se cuidarían mucho más de no enojar a sus votantes dejando una silla vacía en un debate.En definitiva, tenemos dos problemas. Uno institucional y uno cultural. Si bien ambos están claramente conectados, es importante abordarlos en forma diferenciada. En el primer caso, la pregunta es cómo institucionalizar el debate; cómo hacemos para que la existencia del debate y sus reglas no dependa de la voluntad del candidato y de sus equipos de campaña. Sobre este punto, es necesario avanzar en una reforma política aun más profunda, que así como regule el tema del financiamiento de las campañas electorales, también legisle sobre la obligatoriedad del debate y sus reglas. Sin embargo, esto no es suficiente si no afrontamos el problema cultural, si no apostamos fuertemente a la formación de actores democráticos. Esto requiere el compromiso de cada uno de nosotros para exigir el debate, por difundirlo y por dedicarle también parte de nuestro tiempo a su desarrollo.Desde la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba, a través del Instituto Federal de Gobierno, hemos trabajado con un amplio conjunto de instituciones cordobesas en un proyecto que denominamos Agenda del Gobernador (www.agendadelgobernador.com). Éste pretende establecer consensos sobre los problemas más importantes de la provincia y plantear preguntas a todos los candidatos a gobernador para que respondan con sus propuestas. Hemos pretendido, de ese modo, hacer nuestro aporte a una sociedad civil que demanda un debate racional, ordenado y con contenido.¿Por dónde se empieza? ¿Por las instituciones o por la cultura? Probablemente por las dos al mismo tiempo. Pero es difícil que construyamos una cultura de debate en la sociedad si quienes aspiran a dirigirnos no empiezan por predicar con el ejemplo y asumen la importancia de debatir. En ese sentido, la discusión no debe ser una decisión unilateral. El debate es un bien público, y debatir es una responsabilidad de quienes pretenden ser hombres públicos.

*Decano de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba (UCC)