El camino sinuoso de la seguridad ciudadana

La inseguridad es una de las mayores preocupa­ciones en Latinoamérica, como lo advierte la corporación Latinobarómetro en su encuesta 2010. Por ello, los gobiernos, la ciudadanía organizada y otras entidades multilaterales dedican muchos esfuerzos en encontrar soluciones a los homicidios, la violencia y delitos urbanos, con consecuencias en víctimas desatendidas, desplazamientos y migraciones internas, impunidad y una particular sensación de que el Estado poco puede hacer en contra de la criminalidad. Sin embargo, la búsqueda de soluciones a la inseguridad ha desplazado a la preocupación por comprender y medir científicamente este fenómeno para proveer políticas preventivas.Hoy, los planes contra la inseguridad se caracterizan por reprimir al delito y la violencia cuando ya han ocurrido. Adicionalmente, la forma equivocada de medir lo que se hace en seguridad es mediante el análisis de la actividad policial, con datos inadecuados para pensar y activar una real política de seguridad. Y las políticas de seguridad tienden a reducirse a lo que las policías hacen. La inseguridad convive con los conflictos relacionados con la mala distribución del ingreso o la desigualdad de oportunidades. Tanto la comisión de delitos como los fenómenos de violencia social tienen impactos diferenciados según el sistema de contención que tenga la víctima. En la marginalidad, son pocos los lazos sociales que ayudan a sobrellevar la experiencia de victimización, mientras que el Estado resalta su ausencia ante la inexistencia de políticas efectivas de contención hacia la víctima.Esta debilidad se repite en la rehabilitación penitenciaria y la reinserción de liberados.El crimen organizado –en especial el narcotráfico a nivel de microtráfico, distribución local y protección territorial– potencia la inequidad.El narcotráfico permite acceder al consumo que de otra manera no se podría obtener, a pesar de subsidios estatales. Al filo de la ilegalidad y con el alto riesgo de ser apresado, los incentivos a participar de estos circuitos delictivos serían mayores a las respuestas estatales contra la exclusión.Asimismo, la marginalidad en nuestras ciudades hace que los riesgos de delinquir sean menores a la marginalidad absoluta. ¿Será que, en la mar­ginalidad, el delito promete en el corto plazo más que la ­legalidad?Sostener que la inseguridad es un problema es repetitivo y poco novedoso. Una nueva postura podría considerar a la ­inseguridad como una consecuencia de políticas que han hecho de la marginalidad un espacio propicio para el desarrollo del delito.Esta nueva consideración nos permitiría analizar la categoría de marginal con el fin de pensar políticas interagenciales, entre ellas la de seguridad, cuyo impacto sea más integración y mejor convivencia. A ello debemos agregar que las policías deberían ser garantes de la convivencia social.

Gobernar a través del delito le permite al Estado decidir en condiciones de excepción. En el nombre de la seguridad, se asientan numerosas políticas contra la inseguridad caracterizadas por su nivel represivo, justificado en los índices de delincuencia y criminalidad.

El Estado afirmaría su control sobre una sociedad conflictiva mediante intervenciones reactivas hacia el delito subrayando el orden, impuesto a través de las policías, como objetivo de política. La existencia de la inseguridad crearía una condición de emergencia social según la cual las políticas de orden estarían socialmente legitimadas.

La delincuencia y la criminalidad actual provocan en el Estado distintas reacciones respecto del delito, una de las cual es dotar a las policías de nuevas tecnologías y conocimientos criminológicos.

Sin embargo, se evidencia la limitación del enfoque y la falta de políticas interagenciales que admitan un diagnóstico de la inseguridad como fenómeno compuesto por variables múltiples y diversas.

La violencia en ataques entre jóvenes, el robo urbano teñido por daños y lesiones, la lucha por el control territorial para el narcotráfico local y la conflictividad familiar son manifestaciones tanto de inseguridad como de una marcada desintegración social.

En Latinoamérica, las políticas de lucha contra el delito, la violencia y el crimen organizado suelen tener a las policías como sujetos y objetos. Es evidente 
que el poder político delega en ellas el manejo de la seguridad y sus presupuestos, cuantiosos y ­millonarios.

Así, la solución parte de tácticas policiales y/o militares que buscan reprimir la delincuencia, en términos de combate. La intervención civil es mínima y políticamente riesgosa, por temor a las posibles consecuencias electorales.

Sin embargo, existen nuevas expresiones de políticas de se­guridad con carácter ciudadano. En Colombia, las políticas de contención a drogodependientes desde un enfoque de salud y con diseño civil son novedosas para prevenir el delito.

En Chile, el análisis delictual participativo basado en poderosos sistemas de infor­mación criminal representa una nueva intervención civil 
en el área.

Las casas de Justicia en Costa Rica resuelven conflictos urbanos sin intervención po­licial.

Una nueva relación de interdependencia entre la policía y la ciudadanía en Uruguay permite pensar democráticamente las estrategias para intervenciones efectivas en seguridad.

El sistema de alarmas comunitarias de Córdoba hace de la participación civil una carac­terística para la prevención situacional, al desmotivar los delitos urbanos.

En todas estas políticas, la democracia y el carácter ciudadano de las intervenciones estatales son signos de renovación en la forma de enfrentar la problemática de la inseguridad y las estrategias para la solución gradual de un problema que tiene a la marginalidad como común denominador.

A diferencia de las tácticas policiales devenidas en políticas, las políticas de seguridad ciudadana potencian el gobierno civil de la seguridad, integrando a la comunidad en la solución de un problema que la convierte en permanente víctima y dando oportunidad a que diversos actores aporten de manera virtuosa su enfoque particular ante un fenómeno de aristas muchas veces escondidas.

El camino sinuoso de la seguridad ciudadana se dibuja entre avances y retrocesos, en los cuales el carácter democrático de las políticas abre una nueva perspectiva para sociedades con mejor convivencia social.

*Analista en seguridad ciudadana y docente universitario de la licenciatura en Seguridad de la Universidad Nacional de Villa María