Respetar los derechos de todos
La UTA puede expresar su oposición a la transformación del transporte público, pero su derecho no debe estar por encima del de los ciudadanos que eligieron a los actuales funcionarios.
El gremio de los choferes del transporte urbano de pasajeros (UTA) concretó ayer la tercera manifestación de protesta contra una nueva licitación del servicio público, que en esta ocasión incluirá también a la empresa municipal Tamse. Esta cobija a unos 1.300 empleados, entre choferes y administrativos.
El sindicato tiene todo el derecho de expresar sus reparos a la próxima concesión del transporte público de la ciudad de Córdoba, que desde tiempos inmemoriales ha fracasado en su objetivo de brindar un buen servicio.
Quizá ese dato merezca ser analizado bajo múltiples razones, por caso la de ser una prestación única para casi 1,4 millón de habitantes de la segunda ciudad del país; el complejo trazado urbano; el enorme crecimiento de los sectores más populares, y la ampliación de la mancha urbana hasta varios kilómetros más allá del anillo de Circunvalación.
Pero lo concreto es que la cuestión ya fue evaluada en el ámbito de la Municipalidad de Córdoba a través de las autoridades constituidas el 10 de diciembre de 2011; los pliegos fueron aprobados en el ámbito del Concejo Deliberante –ante el cual expuso su postura la UTA– y se está ahora en el proceso de venta de pliegos para dar paso a la apertura de las propuestas privadas.
Se está a tiempo de efectuar las correcciones que ha detectado el gremio y que podrían incluir contradicciones en la redacción de los pliegos. Bien ha dicho el titular de UTA Córdoba, Alfredo Peñaloza, que existen disposiciones establecidas en el pliego que podrían dar lugar a duplicidad de interpretaciones jurídicas una vez que el servicio esté en marcha, y que ello pondría en riesgo las fuentes laborales.
Pero lo que no pueden hacer Peñaloza, los restantes dirigentes de UTA ni el cuerpo de delegados es, en primer lugar, dejar sin servicio a la ciudad de Córdoba, como ya sucedió en tres ocasiones en lo que va del año.
Las legislaciones más modernas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aluden a respetar el derecho de huelga de los operarios, pero estos tienen que prestar un servicio de emergencia, máxime cuando se trata de un servicio público esencial y único en la ciudad. Perder un día de trabajo o los premios por puntualidad y similares es un alto costo para el resto de los ciudadanos cordobeses, que sólo pretenden un mínimo respeto a su derecho de movilizarse en una gran urbe.
Por último, el intendente Ramón Mestre tiene el derecho de llevar a cabo la transformación del servicio, que es el mandato que le otorgó por amplio margen el pueblo de Córdoba cuando se eligió a sus autoridades.
El conflicto exige mesura y equilibrio para que los derechos de todos sean respetados y para que la ciudad tenga la mejor solución para un problema histórico.
