Recuperar el tiempo perdido

El pueblo de la ciudad de Córdoba se acaba de enterar de que cada empleado municipal costó 13.715 pesos en febrero, que el salario bruto promedio fue de 11.036 pesos, que el gasto salarial creció el 39,3 por ciento en un año –el mes pasado llegó a 148 millones de pesos– y que las bonificaciones en concepto de prolongaciones de horarios y horas extras representan el 25 por ciento del salario bruto.

Si se tiene en cuenta que un maestro ganará algo más de tres mil pesos, lo que puede elevar el sueldo promedio a mil o dos mil pesos más, se tendrá una idea aproximada de las diferencias abismales que hay en la escala salarial entre las distintas jurisdicciones estatales y entre éstas y el sector privado. Y lo que la gente se pregunta, con todo derecho, es cómo puede ser que un empleado municipal gane un sueldo promedio que duplica y hasta triplica al de un maestro, cuando la función que cumple éste es mucho más importante que la de aquél en términos generales.

Los datos señalados forman parte del Informe Estadístico Mensual de Personal y Sueldos que la Municipalidad de Córdoba difundirá de modo regular para hacer más transparente el rubro de gasto salarial, que el año pasado representó el 65 por ciento del total de recursos del municipio.

Los ciudadanos han ganado, pues, un premio consuelo: el de saber cuánto gasta la Municipalidad en salarios y cuál es el porcentual que queda para invertir en obras públicas, en transporte urbano, en recolección y enterramiento de la basura, en alumbrado, en semaforización, en control vehicular, en seguridad. Y ese porcentual resulta obviamente ínfimo en relación con las necesidades de una gran urbe de casi un millón y medio de habitantes.

De ahí, entonces, que cualquier debate sobre la privatización de determinados servicios no pueda dejar de tener en cuenta la enorme desproporción entre el gasto en sueldos y el escaso remanente que queda del presupuesto municipal para invertir en obras y servicios.

La cuestión es, en ese sentido, muy simple: alguien debe prestar esos servicios, en las mejores condiciones de rentabilidad y eficiencia, se trate de empresas públicas o privadas.

No hay un debate ideológico ni de filosofía económica detrás de esta cuestión, porque de lo que se trata es de que los servicios esenciales –como el transporte urbano o la recolección de residuos– sean eficientes, rentables y tengan lo que dice la definición: la categoría de un servicio a la comunidad. Porque una municipalidad está para prestar servicios a la gente, más allá de la forma empresarial que asuma su prestación.

Lo que la gente reclama son mejores servicios y es muy consciente de que un municipio no está sólo para pagar sueldos, en muchos casos de privilegio. Para la Municipalidad de Córdoba, ha llegado la hora de recuperar el tiempo perdido. Es lo que pide, lo que exige la ciudadanía.