¿Qué cambia en la Policía provincial?

Al caer la noche del último viernes de 2012, el ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, Alejo Paredes, anunció el relevo de toda la cúpula de la Policía provincial. En el acto, aseguró que se trataba de un cambio “planificado”, con el objetivo de “mejorar el sistema de seguridad”.

Sin embargo, quedó flotando la sensación de que la decisión se tomó de manera repentina, motivada por los asaltos violentos que conmovieron a la ciudad de Córdoba en los últimos días y por la creciente preocupación de los cordobeses por la inseguridad, lo que se advierte en todas las encuestas de opinión en manos del Gobierno provincial.

Frente a este complejo panorama, el cambio de autoridades policiales fue interpretado como la emisión de una fuerte señal política a la sociedad por parte del gobernador José Manuel de la Sota.

En este contexto, el riesgo que se corre es que, al mejor estilo de lo que suele pasar en el fútbol, se haya sacrificado a la conducción policial saliente debido a los magros resultados obtenidos y se haya nombrado una nueva administración sin capacidad operativa real para solucionar los problemas que hicieron sucumbir a la anterior.

El ministro Paredes despidió a Sergio Comugnaro y sus colaboradores señalando que el Gobierno tenía “el mejor de los conceptos del jefe y el subjefe”.

Entonces, ¿por qué se les pidió la renuncia a ellos y a toda la plana mayor de la Policía? Según Paredes, para iniciar “una nueva etapa”. ¿Qué significa esto? Según Ramón Frías, el nuevo jefe policial, se necesita una Policía “despierta, enérgica y dinámica”. ¿Es que hasta el viernes no lo era?

Lamentablemente, el complejo problema de la inseguridad no se solucionará con un mero cambio de cúpula.

La sociedad necesita establecer un fuerte vínculo de confianza con las autoridades que la gobiernan y con la fuerza policial que la custodia. Por distintos e históricos motivos, por el contrario, hace tiempo que esos vínculos están dominados por la desconfianza.

Para que la sociedad vuelva a creer, las autoridades deberían hablarle con la verdad, mostrarle planes concretos de acción, explicarle –en este caso– cómo se combatirá tanto la inseguridad como la sensación de inseguridad, más allá de las frecuentes referencias a estadísticas que buscan demostrar que no estamos tan mal como sentimos que estamos.

En otras palabras, lo que la sociedad reclama y merece son medidas que garanticen un verdadero cambio en la manera de enfrentar el problema de la inseguridad. Por mal camino iríamos si la nueva gestión se topara, en el mediano plazo, con una nueva frustración.