Promesa incumplida

El Gobierno nacional decidió privilegiar –en el cierre del año legislativo– el tratamiento de los proyectos de Presupuesto 2017 y la reforma electoral. Esa estrategia implica postergar el debate de los cambios al Impuesto a las Ganancias para el próximo año, pese a que el presidente Mauricio Macri había prometido en campaña que iba ser modificado durante su primer año de gestión.Este impuesto se ha convertido en una pesada carga para los trabajadores en relación de dependencia que ganan más de 25 mil pesos de bolsillo, en el caso de un asalariado con familia tipo, y algo más de 18 mil pesos para un soltero sin familiares a cargo. El gravamen también se aplica sobre los ingresos de jubilados y pensionados.El macrismo está pagando un elevado costo político al incumplir uno de sus principales compromisos electorales, debido, fundamentalmente, a la presión de los gobernadores, pues cualquier reducción del tributo los afecta.Ganancias se ha convertido en uno de los pilares del actual esquema de recaudación –uno de cada cuatro pesos que ingresa al Tesoro nacional corresponde a ese gravamen–, por lo que cualquier disminución termina impactando en la coparticipación.El Gobierno apuesta a privilegiar la relación con los gobernadores, para que los representantes de las provincias voten las leyes mencionadas, aunque la oposición anticipó que reunirá a sus legisladores para sancionar los cambios.La estrategia del oficialismo también impacta en forma negativa en la CGT, que decidió postergar las medidas de fuerza que impulsaban los sectores más críticos a cambio del reparto de los fondos adeudados a las obras sociales, los cambios en Ganancias y un bono de dos mil pesos para los trabajadores del sector privado.La gestión de Macri nunca sinceró del todo la pesada herencia que recibió del kirchnerismo, que goza del crédito de que cuando se fue del gobierno no existía una sensación de crisis, pese a que el país se encaminaba a una hiperinflación y al desabastecimiento de insumos clave.El mayor impacto del fracaso de la década kirchnerista fue que el 32,2 por ciento de la población se encontraba en la pobreza, según el reconstituido Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).La apelación a la pesada herencia, ­expuesta en el elevado rojo fiscal y en el caos de la administración, ya no es una buena excusa para sostener el discurso de los incumplimientos, que incluye también la postergación de la rebaja gradual de las retenciones a la soja.Ambos compromisos deben cumplirse. Quizá sectores como la renta financiera, la minería y el juego deberían realizar sus aportes para que la carga tributaria sea más equitativa.