Obama, el pacifista

D esde que le concedieron el premio Nobel de la Paz, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, parece dedicado a relanzar la política belicista contra el mundo musulmán, iniciada por su cuestionado predecesor, George W. Bush.

Apenas instalado en la Casa Blanca, decidió fortalecer el despliegue de tropas de su país en Afganistán, despachando a otros 30 mil soldados; es decir, incrementar en casi 200 por ciento la fuerza aliada que opera en Afganistán, compuesta por cinco mil soldados norteamericanos, igual número de ingleses, dos mil efectivos satélites (canadienses, daneses y estonianos) y cinco mil afganos del ejército de Karzai. Un total de 17 mil hombres. Y ha dado un plazo de 18 meses al general Stanley Mac Crystal, comandante de los ejércitos occidentales, para que obtenga una victoria definitiva sobre los talibanes.

La respuesta de Mac Crystal es más realista que la arenga presidencial: la paz jamás se conseguirá por la fuerza, sino mediante una negociación política, que incluya a los talibanes.

Obama prolonga en los hechos, aunque con un discurso gandhiano, la política agresiva de Bush. No sólo no ha cumplido su promesa electoral de cerrar de inmediato la inhumana prisión de Guantánamo, sino que mantiene, en gran medida, la excepcionalidad de los procesos contra los detenidos, a quienes se niega el derecho de la legítima defensa en juicio.

Ahora ha imitado a su antecesor republicano, porque ordenó oficialmente el asesinato del imán Anwar al-Awlaki, donde lo encuentren. Bush había hecho lo mismo, luego de los atentados terroristas contra las Torres Gemelas, condenando virtualmente a muerte a Osama bin Laden, cuya captura requería vivo o muerto.

Estados Unidos se incorpora así a Rusia y a Israel, que han hecho del asesinato una política de Estado para la seguridad. Hay una regresión en la política de derechos humanos, porque las decisiones de matar y las ejecuciones son planificadas y ejecutadas en clandestinidad.

Lo más grave de la orden de Obama es que va dirigida contra un compatriota, porque Anwar al-Awlaki ha nacido en el estado de Nuevo México y es, por consiguiente, ciudadano estadounidense, sea cual fuere la religión que profese. Si se lo debe condenar a muerte por su presunta intervención en actos terroristas- lo que deberá demostrarse sin margen de duda- tiene derechos constitucionales a un "juicio justo", como señaló la prensa norteamericana, que calificó la decisión de "un hecho sin precedentes", al ordenar "la muerte de un ciudadano sin que sea sometido previamente a un proceso regular".

Las investigaciones realizadas por la CIA y el FBI no han permitido recoger, sometiendo a tortura a algunos militantes de Al Qaeda enjaulados en Guantánamo, ninguna prueba concreta que cohoneste la ominosa decisión presidencial.