Malos usos de la Afip

Lejos de serenar los ánimos, la presidenta Cristina Fernández profundiza casi a diario, y con nuevas herramientas de presión, su embestida contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal del país quedó a expensas de los destemplados ataques de la Casa Rosada desde que el pasado 18 de junio frenó el proyecto que pretendía modificar la elección de parte de los miembros del Consejo de la Magistratura. Sin embargo, en su afán de sumar al bando de los enemigos a todos aquellos que no piensan como ella o que no se subordinan a sus intereses políticos y de poder, la Presidenta ha pasado los límites de la prudencia.Violando normas éticas y legales, el jefe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), Ricardo Echegaray, brindó el lunes una conferencia de prensa para anunciar que el organismo tiene bajo investigación a los hijos del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, por la compra de una propiedad en Puerto Madero. Además, Echegaray puso bajo la lupa al propio juez y a otro alto directivo de la Corte.El titular de la Afip tendría que conocer que existe una ley (número 11.683) que establece que las declaraciones juradas que las personas presentan ante esa administración "están amparadas por el más absoluto secreto" y que existe una sanción penal para quienes "divulguen o reproduzcan dichas informaciones".El jefe del organismo recaudador violó aquella regla intangible nada menos que en el maco de una conferencia de prensa. Y amenazó con "recusar" a los jueces del alto tribunal en causas que lo involucren. De hecho, Echegaray ya ha sido salpicado por denuncias de corrupción.Este nuevo capítulo de la pelea de Cristina Fernández con la Corte se suma a otros hechos de igual gravedad, como fueron las amenazas que recibió el vocal del alto cuerpo judicial Juan Carlos Maqueda. Además, el propio Lorenzetti reveló a sus pares que es investigado por la Afip.La Presidenta tendría que reflexionar sobre el peligro institucional al que conducen sus críticas furibundas al Poder Judicial y escuchar la demanda generalizada de la oposición política y de la sociedad, en el sentido de que el apego a la división de poderes en un sistema republicano es uno de los pilares de la democracia.La Corte Suprema de Justicia tiene pendientes de resolución expedientes que son cruciales para los intereses del kirchnerismo, como la ley de medios audiovisuales. Es de esperar que la encendida oratoria presidencial no desate nuevos blancos de ataques ni conducta de aprietes.En un año electoral, y en vísperas de cumplirse 30 años de la democracia recuperada en 1983, es aconsejable atemperar los ánimos y respetar las normas y los fallos, aunque estos resulten adversos a las ambiciones de poder de un sistema de gobierno absolutista.