Libertad y responsabilidad

Entre 2008 y 2011, el consumo de drogas legales (alcohol y tabaco) disminuyó ligeramente y aumentó, de modo considerable, el consumo de drogas ilegales (por ejemplo, marihuana y cocaína) en la provincia de Córdoba. Los datos surgen de la Encuesta Nacional sobre Prevalencias de Consumo de Sustancias Psicoactivas y fueron informados en detalle por este diario en su edición del domingo pasado.Con todo, más de un 60 por ciento de los cordobeses consume alcohol, lo que representa casi a dos de cada tres personas, de manera que la disminución del índice es ínfima. Como contrapartida, sí llama la atención el crecimiento de los índices de consumo de drogas ilegales: los consumidores de marihuana se duplicaron respecto de 2008 y el consumo de cocaína –que creció en alrededor de un 30 por ciento– sería mayor que el que se registra a nivel nacional.Una dramática consecuencia de todo ello es que en estos últimos tres años se ha duplicado la cantidad de personas que demandaron asistencia profesional para tratar sus respectivos consumos adictivos, tanto de sustancias legales como ilegales, lo que nos lleva al aspecto más silenciado del tema: la salud.Cuando se debate sobre el consumo de drogas y su probable legalización –reclamada con insistencia por algunos actores sociales–, se argumenta que todo ciudadano tiene derecho a decidir en libertad si las consumirá y que el Estado no tiene motivos para perseguirlo por ello. De hecho, las últimas reformas legislativas se justificaron bajo la idea de que el consumidor no es un delincuente sino, llegado el caso, un enfermo.La realidad es que, ante el notable aumento del número de pedidos de tratamientos contra las adicciones, ni el Estado ni las organizaciones no gubernamentales (ONG) que se dedican a esta problemática pueden dar respuesta, porque la demanda ha superado con creces a la oferta: ¿cómo puede el Estado, por ejemplo, responder al pedido de unos 30 mil cordobeses con un solo Centro de Integración Social, ubicado en la capital provincial?Y si bien se habla de la próxima apertura de varios centros en distintos puntos del interior provincial, ¿alcanzarán para brindar ayuda a los necesitados o sólo servirán para lanzar campañas de prevención? Las ONG no están en mejor situación. Ellas también sienten el crecimiento de la demanda, hasta superar su capacidad profesional. ¿Podría el Estado apoyarse en ellas, asistiéndolas económicamente, por ejemplo?Estamos hablando de un aumento considerable del presupuesto estatal en salud, y específicamente en el tratamiento de adicciones. Por lo tanto, cuando el uso efectivo de la libertad individual se convierte en un problema para el ciudadano, es el Estado el que termina haciéndose cargo de los costos. Habrá que incluir esta perspectiva en los debates por venir.