La falta de rigor de ciertos jueces
Entregar a "chivos emisarios" para proteger a corruptos de mayor nivel burocrático y económico es burlar la exigencia del pueblo.
La sala II de la Cámara Federal ordenó al juez federal Norberto Oyarbide que investigue con mayor profundidad la cobertura política y la ruta de la "plata negra" en la causa de la mafia de los medicamentos. De esta sala, se recuerda que en 1996 extendió a las más altas autoridades del gobierno de Carlos Menem los procedimientos para esclarecer la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, que hasta ese momento habían quedado limitados a funcionarios de segundo nivel.
Las instrucciones a Oyarbide tienen la exigencia de investigar sin excepciones, hasta dar con los máximos responsables, para evitar que el Poder Judicial sea transformado en instrumento de impunidad que entrega "chivos expiatorios" y exculpa a los verdaderos ejecutores y beneficiarios de las asociaciones ilícitas.
Oyarbide ya exhibió una sorprendente premura (¿o apremio?) cuando ordenó el vertiginoso archivo de la causa abierta contra Cristina Fernández y Néstor Kirchner por presunto enriquecimiento ilícito. Otra de sus controvertibles decisiones fue su negativa a investigar al ex superintendente de Servicios de Salud Héctor Capaccioli, cuya comparecencia había sido solicitada por el fiscal Luis Comparatore, quien sostuvo que "por el cargo que tenía, no podía desconocer, ignorar o encontrarse al margen de lo que estaba sucediendo" con la venta de fármacos destinados a planes oficiales y, por ende, gratuitos, y el pago de reintegros a obras sociales por tratamientos complejos que no se hicieron.
La Cámara Federal ordenó a Oyarbide que tome declaración indagatoria a Capaccioli, porque ejercía funciones de las que no podía escapar la operatoria ilegal, en la que estarían involucrados el secretario general del gremio bancario, Juan José Zanola, su esposa Paula Aballay y el empresario farmacéutico Néstor Lorenzo, cuyas prisiones preventivas quedaron confirmadas. Las vinculaciones de Lorenzo y Capaccioli quedaron evidenciadas, por lo que se estima inaceptable la negativa de Oyarbide a investigarlo.
Ese escándalo tiene, además, serias derivaciones políticas, porque el ex funcionario fue también el recaudador de la campaña del Frente para la Victoria, que en 2007 promovió la fórmula Cristina Fernández-Julio Cobos. Los empresarios hoy sospechados de graves delitos, perpetrados en complicidad con dirigentes de obras sociales sindicales, fueron fuertes aportantes de esa campaña. Y existe otra derivación que el magistrado está obligado a indagar: los dirigentes bancarios y Lorenzo libraron numerosos cheques en favor de Ibar Esteban Pérez Corradi, sobre quien pesa un pedido de captura internacional.
El país exige claridad y firmeza en la lucha contra los corruptos. Entregar "chivos expiatorios" es extender y profundizar, con intolerable desidia o benevolencia judicial, la corrupción estructural.
