Investigar, sin acudir al escándalo
El alboroto creado en torno del "caso Macri" está envenenando aún más el clima público, por lo que todos deberían llamarse a silencio y dejar que los poderes actúen en forma imparcial.
Lo primero que puede decirse acerca del escándalo político y judicial que envuelve al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, es que las instituciones deben funcionar normalmente, sin la menor interferencia del poder político.
La Justicia debe investigar hasta que haya sentencia firme y la Legislatura porteña -previo dictamen de una comisión investigadora- que aún no pudo constituirse, podría iniciar un juicio de destitución de Macri, quien ya acumula en su contra dos fallos judiciales.
Uno, fue el dictado por el juez Norberto Oyarbide, quien lo encontró presunto responsable de los delitos de abuso de autoridad, falsificación de documento público y de integrar una asociación ilícita para realizar tareas de espionaje, en especial a través de escuchas telefónicas. Dicho fallo fue confirmado por la Sala I de la Cámara Federal, lo que motivó que aumentaran las presiones para la renuncia o la destitución de Macri.
Pero también hay que decir que la Justicia está bajo sospecha, en especial el polémico juez Norberto Oyarbide, que ha sido virulentamente criticado por todos los partidos opositores por su supuesta complicidad con el kirchnerismo. En particular fue acusado de encubrir y exculpar rápidamente al matrimonio Cristina Fernández-Néstor Kirchner en una denuncia penal por supuesto enriquecimiento ilícito, sin haber agotado todas las instancias de investigación y valoración de pruebas.
Y no es este el único caso, ya que políticos y legisladores de la oposición, como así también prestigiosos intelectuales, han acusado al ex presidente Néstor Kirchner de usar todos los medios a su alcance -políticos, económicos, judiciales-para barrer del escenario político a eventuales competidores para las elecciones de 2011.
Pero ese sesgo autoritario del kirchnerismo, la tendencia al unicato, la hegemonía y la suma del poder público, que no ha merecido la investigación de oficio por parte de juez o fiscal alguno, en absoluto liberan de sus eventuales responsabilidades a Mauricio Macri, quien deberá responder ante la Justicia y la Legislatura porteña por las acusaciones en su contra.
Es muy grave lo que está pasando. Un juez y tres camaristas federales han considerado a Macri incurso en graves delitos, desde abuso de autoridad hasta asociación ilícita para realizar tareas de espionaje.
A su vez, Macri, quien ha anunciado que no renunciará, que no pedirá licencia y que exigirá a la Justicia celeridad para la realización del juicio oral, ha denunciado al kirchnerismo de agredir, descalificar y destruir opositores echando mano de cualquier instrumento.
Las cosas deben situarse, pues, en su justo lugar. La Justicia y los legisladores deben actuar y todos deben evitar el escándalo, respetando el lugar que les corresponde en este grave hecho.
