Inseguridad y pobreza

Con la declaración de la emergencia nacional en seguridad, el presidente Mauricio Macri ha puesto en marcha una de sus principales promesas de campaña: dar batalla al narcotráfico. Un primer dato evidencia la gravedad de la situación: el alcance nacional de la medida refleja que no hay territorio de la Argentina exento del avance de los narcos y resulta imperioso reforzar la seguridad y la prevención, tanto en las grandes ciudades como en las zonas de fronteras. Esa es la dirección en que se inscribe la decisión de aumentar la presencia de gendarmes en la provincia de Córdoba.El estado de emergencia fue consensuado durante la reunión que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, mantuvo con la mayoría de los ministros del área de las provincias y los altos mandos de las fuerzas de seguridad.Hubo coincidencias en el diagnóstico y en la necesidad de actuar sin demoras para neutralizar el tráfico de estupefacientes a gran escala y atender el drama social derivado del consumo de drogas, lo cual muchas veces opera como disparador del delito.Está fuera de discusión toda medida que se vigorice para intentar erradicar un problema que hace tiempo dejó de ser sólo una sensación. También es de utilidad funcional que, a través del decreto presidencial respectivo, se habiliten procesos más ágiles en la licitación de equipamientos, como radares y elementos necesarios para las fuerzas volcadas a combatir a los narcos.Ahora bien, en tanto el narcotráfico y el crimen organizado son los principales motores de la inseguridad y la degradación de grandes franjas sociales (sobre todo, las más vulnerables), habría que tomar otros recaudos, que trasciendan a la logística.Por caso, el ministro de Gobierno y Seguridad de Córdoba, Carlos Massei (uno de los asistentes a la reunión con Bullrich), afirmó días atrás: "La inseguridad es la mano larga de la exclusión social. Un chico que no tiene otras alternativas en su barrio se va a ver tentado con encauzarse en el delito". Y dijo que urge recuperar la presencia del Estado en los barrios que han sido ganados por los narcos y los malvivientes.En la misma sintonía, se expresó la cúpula de la Iglesia Católica argentina durante un encuentro protocolar con Macri. Los obispos aludieron a documentos de la Iglesia sobre el narcotráfico, pero hicieron foco en uno de 2013, en el que alertaban sobre el impacto negativo de las drogas en la sociedad.En resumen, pilares como contención, pre­vención y educación –sumados a la tarea de rescatar de la pobreza extrema a millones de argentinos– no podrán estar ausentes en ninguna política vinculada a la seguridad y al combate del narcotráfico.