Identificar a los más necesitados

El Gobierno nacional trata de disimular con un alud de palabras lo que es una realidad que ya se percibe en distintos ámbitos: la necesidad de encarar un ajuste en las cuentas públicas para evitar una inflación galopante. Más por imposición de la coyuntura que por convicción, la gestión de Cristina Fernández decidió una abrupta devaluación, la suba de la tasa de interés y una mejora salarial que, en el caso de la paritaria docente, está muy por debajo de la inflación real, lo que implica una pérdida del poder de compra.Ahora, de un modo impreciso y sin una explicación clara para los consumidores, dejó entrever que avanzará en la modificación de la política de subsidios al consumo de energía. Este tipo de ayuda, así como a la tarifa en el transporte y a otras actividades económicas, demandó en 2013 más de 120 mil millones de pesos, según datos extraoficiales.En todos los casos, los subsidios a la electricidad, al gas natural y a los pasajes en el transporte se hicieron de modo general, sin concurrir en auxilio de los que realmente más los necesitaban. De tal modo, la proclamada política de inclusión social terminó por "incluir" dentro de la ayuda a los grupos más ricos de la sociedad.Es lo que sucede, por caso, cuando se prevé gastar este año 1.700 millones de pesos para sostener la programación de Fútbol para Todos, que beneficia a quienes –a través del pago de un servicio codificado o por cable– podrían ayudar a sostener esas transmisiones, mientras que los equipos para recibir la señal deberían ser entregados a quienes no pueden abonar esa prestación, como sucede en otros países.Este mal ejemplo, que no es el único, podría reconvertirse en el caso de los servicios de energía y transporte, con un subsidio a la demanda, como se conoce a los que solicitan la ayuda oficial por una situación de necesidad económica. Lo contrario es el subsidio a la oferta que, por ser de tipo general e indiscriminado, implica ponerle dinero en el bolsillo a los que más tienen.Hoy existen recursos informativos y tecnológicos que permitirían llegar con el subsidio a los necesitados, entregándoles una tarjeta o un elemento de identificación para su uso. Esta práctica, incluso, podría extenderse a otros beneficios que otorga el Estado.Lo contrario, vale la pena insistir en este concepto, se convierte por extensión en una ayuda económica que beneficia a los sectores más acomodados de la sociedad y, de manera indirecta, a un reparto injusto de la riqueza.Por último, la tarjeta identificatoria acotaría el accionar de los aparatos partidarios, que a través de la asistencia oficial suman adherentes (votos, en definitiva), para sostener proyectos inviables, que luego obligan a efectuar las correcciones que tanto le cuesta asumir a la administración kirchnerista.