Frenar la violencia social

La violencia social ha alcanzado, en este mes de enero, un pico preocupante en la provincia de Córdoba: en promedio, se ha registrado un homicidio cada 36 horas, lo que significa dos asesinatos cada tres días. Según los primeros análisis realizados sobre la escena del crimen, en alrededor del 60 por ciento de los casos se trató de peleas o "venganzas".Otra característica repetida sería la relativamente corta edad de los implicados. Una tercera apunta a su bajo nivel socioeconómico.Los dos casos más recientes ilustran con claridad esta descripción. En Ampliación San Jorge, barrio periférico de la Capital, un muchacho de 25 años fue ultimado a balazos, en plena madrugada, cuando volvía de un baile, a metros de su casa. La policía especula con una pelea entre dos barras de jóvenes.En Villa María, la víctima tenía 22 años. Había sido atacado, también en plena madrugada, al menos por tres personas, una de ellas menor de edad, que lo golpearon con una baldosa y lo patearon. De nuevo, se entiende que todo comenzó como una pelea entre dos grupos y se cree que los victimarios serían más de los que están identificados.En algunos casos, la violencia no finaliza con lo que vale calificar como la primera víctima, sino que, a partir de allí, va escalando de acuerdo a un mecanismo de "acción y reacción", típico de la "justicia por mano propia".No es raro que, cuando la policía logra detener a algunos agresores, estos traten de justificarse hablando del daño que previamente les habría causado su víctima. Y ya hay casos donde el grupo de victimarios han sido víctimas, a su vez, de algún tipo de violencia luego de que respondieron lo que ellos consideraron como la "primera ofensa".Este circuito de la violencia social, en consecuencia, es complejo. Hasta podría estar influenciado por algo del orden de la "moda", según las declaraciones del padre del joven asesinado en Villa María, que pidió poner fin a la moda de las peleas entre barras de distintos sectores de su ciudad.Urge, entonces, que las autoridades de todos los niveles del Estado diseñen un plan de acción que contemple tanto medidas de represión como de integración social.Si las primeras deben estar en manos de la Policía –y bien podrían incluir el control de armas, algunas detenciones claves, investigación en zonas y horas "calientes", etcétera–, las segundas dependen de varios ministerios y deben tener como objetivo central que los jóvenes recuperen la posibilidad de imaginar un futuro, condición indispensable para valorizar la propia vida.Porque sólo sale a matar o morir aquel que, como ellos mismos suelen decir, está "jugado"; o sea, que haga lo que haga, su destino ya está marcado por el fracaso y la frustración.