Falta de política ambiental

La Cumbre contra el Cambio Climático que se desarrolla en Lima, con el patrocinio de Naciones Unidas, ha vuelto a dejar en evidencia que el Gobierno argentino no tiene la más mínima política en la materia. En la práctica, eso equivale a no querer reducir la emisión de los gases de efecto invernadero.

Lima es la última reunión previa a la conferencia de París 2015, donde los países de todo el mundo suscribirán un protocolo con metas y objetivos palpables para evitar que la temperatura global de la Tierra aumente más de dos grados en las próximas décadas. Por eso, llama poderosamente la atención que Argentina esquive pronunciarse sobre el tema.

Además, las pocas leyes que se sancionaron en los últimos años para intentar demostrar que el país, pese a las críticas, hacía algo han sido un contundente fracaso.

En 2006, se sancionó una ley para el fomento del uso de fuentes renovables de energía, ya que las plantas tradicionales emiten una gran cantidad de gases invernadero. Se fijó el humilde objetivo de que, en 2016, el ocho por ciento de la energía proviniese de esas vías “limpias”. A fines de 2014, aún no llegamos al dos por ciento.

El consumo eficiente fue el argumento para la ley de reemplazo de las lámparas incandescentes y para que los aparatos eléctricos tuvieran que informar al usuario sobre los niveles de consumo eficiente.

No existe el más mínimo dato oficial que permita certificar que se logró disminuir la emisión de los gases problemáticos.

La ley de protección de los bosques nativos, de 2007, es un tercer ejemplo. Como los árboles captan el dióxido de carbono, defender los bosques y promover la reforestación son dos medidas certeras contra el cambio climático. Sin embargo, la realidad es que, según datos de Greenpeace, la protección de bosques no cuenta con el presupuesto necesario y, en consecuencia, se desmontan dos hectáreas de bosques por minuto.

Cuarto ejemplo: los combustibles y los vehículos. Desde 2010, hay una ley que establece la presencia de bioetanol en las naftas y el diésel. Para los ambientalistas, los porcentajes son bajos y el origen agrícola elegido (maíz) no es tan “verde” como otros (azúcar, soja).

Como si no fuera suficiente con estos ejemplos, Argentina sigue sin resolver qué hará con la fuente de la que emana casi el 50 por ciento de sus gases contaminantes: el campo.

Las actividades agrícolas y ganaderas son la base de nuestra economía, pero sus dinámicas tienen que ser revisadas a la luz del calentamiento global.

Mientras al mundo le queda menos tiempo para encontrar la solución al problema, el Gobierno argentino acaso crea que nos beneficiamos si no nos comprometemos con el tema. No es difícil darse cuenta de quién está equivocado.