Enriquecidos al calor del poder
La investigación judicial que involucra a la Presidenta pone de nuevo de relieve la necesidad de reflexionar acerca de los lazos entre la política y los negocios en la democracia argentina.
El fenomenal incremento patrimonial de la familia de Néstor Kirchner y Cristina Fernández desde que ocuparon la poltrona del poder, a partir de 2003, abrió un debate sobre los negocios que se operan al calor del Estado, en algunos casos rayanos en lo delictivo.
De igual modo, la controversia se plantea sobre el desmedido enriquecimiento de los gobernantes en general, y en todos los niveles de gestión, pese a que muchos llegaron a sus cargos con un módico patrimonio personal.
Hay algunas excepciones a la regla, que habría que rastrear en los tiempos de los presidentes Arturo Illia (1963-1966) y Raúl Alfonsín (1983-1989), que se fueron de la función estatal dando muestras de austeridad pública y privada.
Son dos casos distintivos, aunque seguramente no los únicos, en el terreno de una política estatal caracterizada por la prebenda, los negocios y los actos de corrupción.
La Presidenta de la Nación es un símbolo en el manejo de acuerdos millonarios fuera de toda disciplina ética, lo que la llevó a ser investigada por la Justicia a raíz del escándalo de Hotesur, la empresa familiar hotelera que regentea junto a Lázaro Báez, uno de los personajes que más usufructuó los dineros del Estado.
El matrimonio Kirchner ya fue puesto bajo la lupa de la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito, pero en dos instancias judiciales fue beneficiado con el sobreseimiento, una de ellas bajo la pluma del polémico juez federal porteño Norberto Oyarbide, cuando ya gobernaba el país Cristina y su marido era diputado nacional.
Las malas artes, sin embargo, se extienden como una costumbre arraigada en todos los ámbitos del Estado, espoleada por personajes que amasan fortunas desde la función pública o que se valen de ella para hacer negocios.
El Código de Ética de la Función Pública es taxativo, aunque pocos lo respetan. Señala que “el funcionario público no debe involucrarse en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones, además de abstenerse de toda conducta que pueda afectar su independencia de criterio para el desempeño de su tarea”.
Y agrega: “Un funcionario no puede prestar servicios, remunerados o no, a quienes gestionen o exploten concesiones del Estado o sean proveedores de este”.
¿Se podrá modificar alguna vez la tendencia que denuncia la frase “gobernantes ricos, ciudadanos pobres”? La Argentina se ha caracterizado por la proliferación de dirigentes que se enriquecieron en sus cargos (vale reiterarlo: en todos los niveles de la administración) frente a una sociedad resignada y una Justicia permisiva.
En vías del proceso electoral que en 2015 permitirá votar para renovar cargos ejecutivos y legislativos en todo el país, sería alentador para la democracia que la ciudadanía tome conciencia sobre esas conductas espurias.
