En defensa de una prensa libre
La Unicameral de Córdoba dio fuerza de ley al decreto que había sancionado el gobernador para proteger la libertad de expresión, opinión y prensa, en momentos en que este derecho está amenazado.
La Legislatura Unicameral de Córdoba acaba de aprobar una ley para respaldar el decreto 525/2013, que había sancionado el gobernador José Manuel de la Sota para proteger la libertad de expresión, opinión y prensa en la provincia de Córdoba. La norma da más fuerza legal al decreto oficial en momentos en que el Gobierno nacional pretende avanzar sobre estos derechos que componen los fundamentos básicos de los pactos internacionales refrendados por la Argentina.Se ha dicho que el decreto firmado por De la Sota, en primer término, y la ley aprobada por la Unicameral, en segundo término, pueden resultar redundantes en cuanto a principios y derechos ya consagrados por la Constitución Nacional. Pero, en estos tiempos, no resulta reiterativo darle fuerza legal al cuidado de esos derechos. La libre expresión de las ideas y el ejercicio de la libertad de prensa constituyen pilares de las democracias modernas, que deben ser defendidos.Los hechos y gestos de la presidenta Cristina Fernández no guardan relación con sus palabras en público. Por caso, pretendió aplicar la ley de medios violando normas y el Derecho Constitucional, hasta que fue paralizada por una cámara federal. En paralelo, la reciente modificación del funcionamiento del Consejo de la Magistratura, que ya provocó más de 100 apelaciones ante la Justicia, demuestra que el Gobierno sigue aplicando el doble discurso.Desde el atril, la Presidenta no duda en mancillar el buen nombre y honor de personalidades o instituciones que no aceptan someterse a sus caprichos y arbitrariedades. Detrás de proclamas engañosas, se esconde un afán autoritario por acallar a los medios de comunicación que no se someten a los criterios oficialistas, impuestos a través de millonarias pautas de publicidad.La enorme maquinaria de propaganda y culto oficial, que ya controla el 80 por ciento de los medios en la Argentina, se usa para denigrar, menoscabar y desprestigiar a toda persona, empresa o institución que no acepta los dictados propios de regímenes autocráticos.Como sucedió en otras etapas de la historia argentina y del mundo, detrás de supuestos actos populares y multitudinarios, no se esconde otro objetivo que el de conducir a la sociedad a una reducción de las libertades públicas, en especial la de la prensa independiente. Es esta la que ha mostrado desde la valija de Antonini Wilson hasta los actos de corrupción en la obra pública y en el manejo del dinero del Estado.Para esto sirven el decreto firmado por el gobernador de Córdoba y la ley sancionada por la Unicameral, para proteger y poner un freno a una gestión nacional que no reconoce límites y tiene la intención de avasallar los derechos de todos. Sin prensa libre no habrá democracia, mal que les pese a quienes ejercen de forma autoritaria el poder que el pueblo les concedió en las urnas.
