El juicio a las juntas militares

Días atrás, se cumplió el 25ª aniversario del dictado de la sentencia en el juicio a los miembros de las tres primeras juntas de gobierno del régimen militar 1976-1983, acusados de graves violaciones a los derechos humanos por la represión ilegal y el terrorismo de Estado.

El juicio fue uno de los hechos fundacionales de la restauración democrática iniciada el 10 de diciembre de 1983 y marcó toda la historia de este último cuarto de siglo. El proyecto de ley fue elaborado por el gobierno del entonces presidente Raúl Alfonsín y aprobado con ligeras modificaciones por el Congreso Nacional.

Se cumplieron todos los pasos, ya que en una primera etapa el proyecto fue remitido al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas para que llevara a cabo el juicio, pero ante la demora -en definitiva, la negativa- de ese organismo para juzgar a sus pares, la causa fue girada a la Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires. Y en menos de dos años hubo sentencia firme. Casi todos los acusados fueron encontrados culpables y condenados, en muchos casos a perpetuidad.

Raúl Alfonsín cumplió con la promesa hecha durante la campaña electoral, en el sentido de juzgar a los máximos responsables de la represión ilegal de acuerdo al modelo del juicio de Nuremberg, realizado contra los principales jerarcas y criminales de guerra nazis, finalizada la Segunda Guerra Mundial.

Pero hay una diferencia notable: la Alemania nazi había sido totalmente derrotada, mientras que en la Argentina quedaba un poder residual militar muy fuerte, que provocó un estado de deliberación permanente en los cuarteles y se hizo sentir en sucesivos levantamientos de los militares carapintadas.

Esa situación llevó al Congreso Nacional a sancionar las leyes de Punto Final (que reducía los plazos de iniciación de causas) y de Obediencia Debida, que establecía tres grados de responsabilidades: las de quienes dieron las órdenes, las de aquellos que cumplieron con ellas y las de los que se excedieron en su cumplimiento. Ambas leyes fueron impugnadas por parte de la sociedad y la dirigencia política, pero el juicio a las juntas quedó como un hito de la historia nacional.

Esa causa pertenece a todos los argentinos y ningún partido o sector político puede apropiarse de ella. El juicio a la juntas se hizo cuando debía hacerse, cuando la historia era todavía un hierro caliente. Y todo lo que se diga un cuarto de siglo después pertenece al ámbito de la retórica y las palabras, no de los hechos. El ex presidente Carlos Menem -a principios de la década de 1990- indultó de manera apresurada e injustificada a los condenados en 1985. Y hubo políticos del mismo partido que 10 años después volvieron a enjuiciarlos. La ciudadanía sabe de estas idas y vueltas y contradicciones y es muy consciente de que la defensa de los derechos humanos es una gran causa nacional.